Los inspectores de trabajo han dicho basta. La progresiva pérdida de efectivos en los últimos años unida a la falta de personal para vigilar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas ha llevado al organismo a un punto de no retorno.
Tanto es así que los principales sindicatos de Inspección han exigido esta semana al Gobierno que dote de más recursos a la llamada ‘policía laboral’ y por ello han presionado con la amenaza de un parón en toda España si antes del mes de marzo de 2022 no son escuchadas sus propuestas.
La reforma laboral, en el punto de mira
Una posible huelga que supondría la primera de la historia de los inspectores de trabajo en nuestro país. Y es que no es algo casual, ya que la actividad inspectora se ha multiplicado en el último año un 355%, según datos ofrecidas por la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La intensa actividad a la que se está viendo abocada la inspección, choca con las negociaciones de la actual reforma laboral, en la que la temporalidad es uno de los elementos protagonistas en la que estos profesionales se están prodigando.
De hecho, en lo que va de año, la Inspección de Trabajo ha regularizado a más 50.000 trabajadores que no estaban dados de alta correctamente en la Seguridad Social. Una situación que se une a otras normativas en las que el Gobierno de coalición quiere hacer frente, como la igualdad de género o los accidentes laborales.
Una carga de trabajo que ha supuesto a las centrales sindicales del sector reclamar más plazas y mejores condiciones laborales en las mismas. La realidad es que, una de cada cuatro plazas sacadas a oposición, se quedan desiertas por la complicación del proceso selectivo y un sueldo que consideran insuficiente.
Para muestra un botón, y es que, a día de hoy la Agencia Tributaria prescinde de un 17% de los inspectores. Concretamente, de los 2.458 puestos que se habilitan para el cuerpo de inspectores de Hacienda, en este momento se encuentran cubiertos 2.021, por lo que restan 437 puestos vacantes.
Las multas de la Inspección de Trabajo suben un 20%
A todo esto, desde el pasado mes de octubre, las multas de la Inspección de Trabajo han subido un 20%. Una subida considerable que afecta, sobre todo, a las sanciones de errores y omisiones que estén claramente estipulados como tal.
En este punto, entra en escena la puesta en marcha de las sanciones automatizadas que no necesitarán de la intervención de inspectores. El problema puede venir dado por una disputa interna en la que algún profesional decide denunciar, en cuyo caso se denuncia a la empresa y no al trabajador.
El kit de la cuestión es este. Aunque para muchos supone, como decimos, un aumento realmente importante en las sanciones de trabajo, la realidad es que no va a ser efectivo como medida disuasoria.
En parte, porque las sanciones de la Inspección de Trabajo llevaban estancadas desde hace siete años antes de esta nueva medida, lo que va a dificultar una puesta al día a corto plazo y en este sentido; y por otro lado, porque si a esto le sumamos que el IPC está subiendo hasta batir récords en los últimos 30 años, (un 5,6% en noviembre), este 20% se va a quedar muy corto.
Unas multas que deberían servir para que aquellos que infringen las normas de forma deliberada, se lo piensen dos veces. Algo que no está pasando porque el beneficio por incumplimiento supera la multa que se impone.
¿Por qué ocurre esto? Tal y como nos confirmaba el ex inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides, hay muy pocos profesionales del sector para la cantidad de empresas que hay en el país. Una ratio actual de un inspector por cada 10.546 empleados en el país. La necesidad de hacer atractivo a los jóvenes el acceso a la inspección, empieza a ser urgente. En gran media, porque la posibilidad de ser inspeccionados es realmente baja.
