Este final de mes ha marcado el inicio de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales en la Unión Europea, un hito normativo cuyo propósito es garantizar un entorno en línea más seguro, equitativo y transparente para todos los usuarios.
Bajo esta legislación, los ciudadanos de la UE recibirán una mayor protección contra contenidos y productos ilícitos, al tiempo que se reconocen sus derechos en las plataformas digitales donde interactúan, comparten información o realizan compras.
Obligaciones y beneficios
Las plataformas en línea que operan en la UE, con la excepción de las pequeñas empresas y microempresas que empleen a menos de 50 personas y tengan un volumen de negocios anual inferior a 10 millones de euros, están obligadas a implementar una serie de medidas, que incluyen:
- Combatir la difusión de contenidos, bienes y servicios ilegales, proporcionando a los usuarios medios para informar sobre dichos contenidos, y cooperando con entidades confiables para priorizar los informes.
- Proteger a los menores, incluyendo la prohibición de dirigir anuncios basados en perfiles o datos personales de estos.
- Informar a los usuarios sobre los anuncios que ven, revelando la razón detrás de su visualización y quién los ha financiado.
- Prohibir los anuncios dirigidos a usuarios basados en datos sensibles como opiniones políticas o religiosas, y preferencias sexuales.
- Garantizar que los usuarios reciban una explicación cuando se tomen decisiones de moderación de contenido que los afecten, como la eliminación de contenido o la suspensión de cuentas.
- Facilitar a los usuarios un mecanismo de reclamación para impugnar decisiones de moderación de contenido.
- Publicar informes anuales sobre los procedimientos de moderación de contenido.
- Establecer condiciones de uso claras e incluir los principales parámetros de los sistemas de recomendación de contenido.
- Designar un punto de contacto para las autoridades y los usuarios.
Además de las plataformas en línea, la ley también se aplica a los servicios de alojamiento de datos y los intermediarios en línea, como los proveedores de servicios de internet o de dominios, aunque con un conjunto de obligaciones más específicas.
Desde agosto de 2023, la ley ha sido aplicada a 19 grandes plataformas en línea y motores de búsqueda designados, y otras tres deben cumplir con sus obligaciones a partir de abril.
Los estados miembros de la UE designarán reguladores independientes como coordinadores nacionales de servicios digitales para supervisar el cumplimiento de la ley por parte de las plataformas no designadas como grandes.
Además, se establecerá una Junta Europea de Servicios Digitales, compuesta por coordinadores y la Comisión Europea, para garantizar la coherencia en la aplicación de la ley y promover los mismos derechos para todos los usuarios en la UE, independientemente de la ubicación de las plataformas en línea.
