En España hay menos de 2.000 funcionarios entre inspectores de trabajo y subinspectores. En total, 1.852 personas para controlar todas las posibles irregularidades que puedan cometer en materia laboral las empresas y las administraciones públicas en todo el país.
Según los datos recogidos en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se calcula una ratio de un inspector o subinspector por cada 10.546 empleados en el país, y de uno cada 707 empresas. En el caso particular de los inspectores de trabajo, hay uno por cada 23.000 trabajadores, mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda que exista uno por cada 10.000.
La principal preocupación en el cuerpo de inspección son las insuficientes plazas cubiertas que se suceden año tras año, motivado por las preferencias de los recién graduados en Derecho a la hora de elegir otras profesiones mejor remuneradas o con mejores condiciones. Para hablar de la actual situación del sector y los retos a los que se enfrenta, hemos querido entrevistar al abogado y ex inspector de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Benavides:
Pregunta: En España hay un déficit de inspectores y subinspectores de trabajo. Esto supone un problema en un momento como el actual en el que hay una constante modificación y adaptación de la normativa laboral. En tu opinión, ¿a qué es debido este déficit y qué medidas debería impulsar el Gobierno para fomentar la incorporación a este cuerpo de la Administración?
Respuesta: El número de inspectores de trabajo y subinspectores laborales se mantiene en los últimos años alrededor de 2.000 efectivos en total, incluyendo los funcionarios de Cataluña y País Vasco que cuentan con organismos propios dentro del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo que ha determinado que la ratio de centros de cotización a nivel nacional ha sido de 1.459 centros por Inspector de Trabajo y Seguridad Social y 1.491 centros de cotización por Subinspector (de Empleo y Seguridad Social o de Seguridad y Salud Laboral).
Las medidas para fomentar la incorporación deberían ir dirigidas a incentivar el conocimiento social del papel de la inspección, haciendo más atractivo el acceso de nuevos funcionarios en los ámbitos universitarios, potenciando las oposiciones en las personas que terminan sus estudios.
“La solución al problema de la temporalidad pasa por una reforma que posibilite un nuevo marco de contratación laboral”
P: El Plan Estratégico de la IT 2021-2023 pretende reforzar la actuación inspectora en las empresas, especialmente en materia de contratación temporal fraudulenta. El Gobierno se ha puesto como objetivo terminar con este tipo de abusos y erradicar la dualidad en el mercado laboral. Además, desde el 1 de octubre la cuantía de las sanciones por contratar temporalmente de manera fraudulenta ha aumentado. ¿Crees que estos son motivos suficientes para que las empresas eviten esta práctica abusiva?
R: La contratación laboral es una de las grandes asignaturas pendientes que mantiene nuestro marco laboral. Pero es una materia enormemente compleja donde confluyen elementos jurídicos, económicos e incluso sociológicos. Durante los últimos años, la inspección ha mantenido programas de control, tanto directo, como indirecto, que ha motivado la transformación de miles de contratos.
Pero en mi opinión, aplicando únicamente medidas sancionadoras no será posible corregir la situación, es necesario un nuevo marco normativo claro, que produzca seguridad jurídica a las empresas, aunque la sanción por estas irregularidades se ha incrementado hasta un máximo de 7.500 euros, no son la solución, la solución debe pasar por una reforma que posibilite un nuevo marco de contratación laboral, ajustado a las necesidades reales de las empresas y que respete los derechos de las personas trabajadoras. Se anuncia un posible límite del 15% de contratación temporal, pero en mi opinión no es un problema de porcentaje sino del marco de flexibilidad que precisan las empresas.
P: En enero de 2022 entrarán en vigor las sanciones automatizadas sin intervención del inspector de trabajo. ¿Piensas que el recurso a “robots administrativos” podrá suplir la labor del inspector de trabajo? ¿Cómo concibes el recurso a la tecnología en el trabajo de la inspección?
R: A partir del 1 de enero, entrarán en vigor los cambios introducidos en el procedimiento sancionador de la inspección, regulándose las denominadas actuaciones automatizadas, que persiguen la utilización de los datos que se disponen en las Administraciones públicas. Este método de actuación no es nuevo; otros organismos, como la AEAT, lleva años utilizando controles administrativos.
En este sentido, parece lógico que, en un marco de informatización y digitalización cada vez más intenso y deseable, la Administración pública adapte también la utilización de estos recursos, pero siempre con la garantía y seguridad jurídica para las empresas; no se trata tanto de “robots administrativos” sino de eficacia en el control. El futuro de la inspección pasa por su adecuación y actualización a las nuevas realidades sociales.
“La empresa debe ser proactiva para prevenir riesgos psicosociales”
P: Uno de los principales debates derivados de la pandemia ha sido el estrés laboral. En este sentido, la IT controlará los riesgos psicosociales y las medidas de prevención adoptadas por las empresas. Desde el punto de vista de la empresa, ¿qué acciones debería emprender un director de RRHH o de PRL para evitar una sanción laboral en materia de riesgos psicosociales? ¿En qué casos se entendería que hay una “dejadez” por parte de la empresa?
R: Los riesgos psicosociales forman parte del conjunto de medidas preventivas en el marco de la LPRL, quizás su complejidad y manifestación los hace menos visibles que otros riegos materiales en equipos e instalaciones, pero no por ello menos importantes. Hay que dotar a los modelos de gestión preventiva internos o externos de los medios necesarios para la evaluación de estos riesgos y, una vez detectados, establecer las medidas correctoras necesarias. La pandemia los ha incrementado y es preciso evaluar y prevenir.
La empresa, como en otro tipo de riesgos, debe tener una actitud proactiva de prevención, la amplitud de las consecuencias jurídicas y responsabilidades que se pueden producir (sanciones, recargos prestaciones, indemnizaciones), hacen necesario que los responsables de RRHH establezcan los mecanismos de gestión y prevención necesarios, una actitud pasiva puede motivar graves consecuencias jurídicas.
“La Inspección de Trabajo deberá incidir en el control de las medidas de igualdad”
P: En tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos de los inspectores de trabajo para los próximos años?
R: Estamos inmersos en cambios sociales que repercuten también directamente en el marco de la relación laboral, las nuevas formas de prestaciones de servicios, la proliferación de mecanismos de intermediación, el desarrollo tecnológico y digital, son retos que la inspección deberá de afrontar para seguir siendo un organismo valorado y decisivo en el ámbito sociolaboral.
El Plan Estratégico hasta el año 2023, incide en aspectos habituales como los citados de la contratación laboral y de cotización a la Seguridad Social, pero incluye algunos novedosos como el control en la utilización de las denominadas “empresas espejo” constituidas sin una estructura real en otros países con costes laborales muy inferiores y que utilizando los mecanismos de desplazamiento transnacional sitúan a personas trabajadoras en España de una forma al menos cuestionable. Pero a corto plazo, el control de las medidas de igualdad en las empresas se sitúa entre los retos que la inspección deberá incidir para dar respuesta a la clara opción legislativa y política en esta materia.
