Esta semana termina el plazo de contribuciones para las consultas previas de tres proyectos complementarios a la ley de startups cuyo anteproyecto de Ley se terminó de concretar a principios de este año.
Se trata de una orden ministerial para determinar los requisitos que debe reunir una empresa para ser considerada startup, un real decreto para poner en marcha el Foro Nacional de Empresas Emergentes, y una norma que definirá la nueva figura de startups para estudiantes.
Unas medidas claves que serán la base de una esperada normativa que pretende ver la luz antes de fin de año con el objetivo de situar a nuestro país como referente en atracción de talento e inversión. Pero, ¿tiene la Ley de startups todo lo que estas empresas necesitan?
Puntos clave
La denominada Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes y su inminente aprobación puede suponer un empujón para posicionarse de forma relevante en el ecosistema Fintech europeo.
Es de hecho un objetivo si tenemos en cuenta el reto de convertir a España en un ‘hub’ de empresas innovadoras con base tecnológica. Por ello, el impulso regulatorio de esta ley promete marcar la pauta a la hora de crecer los próximos años de la mano de la nueva economía digital.
Las startups, según indica en un análisis certero sobre esta nueva normativa el diario CincoDías, pueden tardar hasta 18 meses en obtener una licencia o autorización para operar, lo que aparta automáticamente del mercado a muchas personas con alta cualificación y experiencia.
Esto es debido a la gran carga regulatoria que supone una barrera para muchos proyectos, ya que es necesario destinar recursos económicos y humanos para hacer frente a la norma. El marco legal de la nueva ley promete, en este sentido, adaptarse a las especificidades de las startups, con el fin de apoyarlas en las primeras etapas y a lo largo de su ciclo de vida.
Este punto es más importante de lo que parece, ya que en un panorama tan cambiante como el actual, es muy necesario que las empresas sean ambiciosas a la hora de impulsar su creación y crecimiento sin imponer límites en la facturación, en el sentido marcado por la reciente Ley crea y crece.
Una ley en permanente revisión
Poniendo en consideración la realidad de nuestras empresas, la transformación de los modelos de negocio que requieren las nuevas disyuntivas del mercado nos indica que el mundo de las startups aún se encuentra en plena construcción.
Esto quiere decir, que cada empresa, más allá de su digitalización, requiere de unas particularidades muy específicas que deberán estar sujetas a una ley con carácter atemporal, que siente las bases para las próximas décadas.
A través de la aplicación de criterios de proporcionalidad en los diferentes marcos regulatorios del sector financiero, resultará igualmente fundamental que se incorporen mecanismos para la inversión público-privada, con el objetivo de escalar en diferentes líneas de crédito.
Así, fomentando diferentes modelos disruptivos se puede ofrecer a los inversores soluciones que se adapten mejor a su perfil e intereses. Los expertos remarcan el ejemplo de las plataformas de financiación participativa (PFP), que requieren de soluciones regulatorias que favorezcan la inversión en este tipo de compañías.
En definitiva, se trata de crear un ecosistema emprendedor desde la base, incorporando un entorno ágil y con una fiscalidad adecuada que simplifique al máximo el acceso de las empresas emergentes a los canales de inversión y con ello asegurarles un futuro prometedor.
