Uno de los objetivos planteados por el Ministerio de Trabajo a la hora de sacar adelante la reforma laboral, era el de establecer un nuevo horizonte para el becario, de cara a mejorar sus condiciones tanto de trabajo como de formación dentro de las empresas.
Pues bien, el Gobierno ya está negociando el futuro Estatuto del Becario con patronal y sindicatos. En un debate de cuyo progreso saldrá la regulación que afecte a partir de ahora a miles de estudiantes en su incursión en el mercado laboral.
Catálogo de derechos
La principal medida a atajar por el Estatuto va a ser la compensación de gastos a los trabajadores en formación y prácticas por conceptos como el transporte o el material que tengan que utilizar. De esta forma, el Gobierno pretende replicar con los becarios el esquema de la Ley del Teletrabajo y que las empresas asuman parte de los costes cotidianos.
En paralelo, desde Trabajo se aboga para que todos los estudiantes coticen por sus prácticas, ya sean remuneradas, como no renumeradas. Y es que más de medio millón de estudiantes están a expensas de dichas reformas, según cálculos del Ejecutivo.
Dos reglas que aprobar, entre otras propuestas que se diriman en el foro sobre el Estatuto, como puede ser el fin de las tareas no remuneradas y que nada tienen que ver con lo estudiado, jornadas de ocho horas sin supervisión y con una paga simbólica o la obligación de apuntarse a nuevos cursos para poder renovar el convenio de prácticas y mantener así un mínimo de ingreso.
Un reglamento que quiere acabar con el fraude existente en quizá demasiadas ocasiones sobre la figura del becario. Por ello, esta Ley contará con un catálogo de derechos a abordar en el diálogo social.
Según datos del Ministerio dependiente, desde 2018 la Inspección de Trabajo ha destapado 4.805 falsos becarios y ha impuesto sanciones y requerimientos a las empresas empleadoras por valor de más de 15 millones de euros.
Los universitarios reivindican unas prácticas dignas
Al final, los principales afectados son los estudiantes. Aquellos que encaran su futuro profesional con la esperanza y el escepticismo propios de la incertidumbre profesional que asola nuestro país en la última década.
Conviene destacar, en este sentido, que España es el país con el segundo mayor paro juvenil de la Unión Europea (UE), concretamente del 29,8% entre los menores de 25 años. Así como uno de los países con los índices de emancipación más tardíos (29,8 años), según datos de Eurostat. Lo que ha llevado al Gobierno a aprobar ayudas como la del Bono joven de alquiler, aún pendiente de activarse.
Si las prácticas empresariales han de ser vistas como una oportunidad para formarse y adquirir competencias, desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), llevan meses demandando un nuevo marco normativo que dignifique las prácticas y evite sus malas praxis.
CREUP reivindica, no obstante, la presencia del estudiantado en las negociaciones relativas a este Estatuto del Becario, de manera que se puedan escuchar de primera mano sus problemas y se pueda atender a la realidad universitaria.
Para la organización, garantizar unas prácticas formativas, remuneradas y de calidad pasa por escuchar al estudiantado universitario, como colectivo principalmente afectado por esta nueva norma y la razón por la que reivindican ser partícipes del proceso de redacción del Estatuto.
El Ministerio de Trabajo recuerda que no hay muchas regulaciones similares en Europa sobre este tema (salvo la de Francia), por lo que España pretende situarse a la cabeza en la ampliación de derechos laborales del colectivo.
