El ejemplo de cómo se resolvió la reforma laboral en última instancia del año puede ser la explicación para entender porque las negociaciones para actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) aún no han llegado a su fin.
Y es que el Gobierno aún no tiene definidos todos los hilos para aprobar en el Congreso una reforma que debe pasar el trámite parlamentario, lo que también está dilatando las conversaciones para revisar al alza el suelo salarial.
Una mesa de negociación para subir el SMI
El Gobierno acaba de anunciar la convocatoria de una mesa de negociación el próximo 7 de febrero con los agentes sociales, dispuesta para la subida del SMI, actualmente fijado en 965 euros mensuales.
Según han declarado desde el Ministerio de Trabajo, se trata de la herramienta más eficaz para “atajar la pobreza laboral” por lo que aseguran poder llegar a un entendimiento con las partes y cambiar así “el signo de los tiempos y los derechos de los trabajadores”.
La reunión se tratará como un encuentro a nivel "técnico", como se suele denominar a aquellas reuniones a las que acuden representantes de los sindicatos y patronales mayoritarios de segunda línea. Es decir, no van los líderes de las organizaciones ni la ministra.
El objetivo es seguir el precepto del informe del comité de expertos, que recomendó una subida del SMI para 2022 de entre 24 y 40 euros. Un informe que contempla tres escenarios que elevarían el SMI en 2022 a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más).
Recordemos que el Ejecutivo prorrogó en diciembre el actual salario mínimo de 965 euros al mes (en 14 pagas), con la intención de reabrir las conversaciones con patronal y sindicatos durante este mes de enero.
Cerca de dos millones de trabajadores, pendientes del SMI
Desde Trabajo insisten en que la subida del SMI no pasará por el Consejo de Ministros hasta que no concluya el proceso de diálogo social, mientras que los sindicatos instan a la negociación, cuyo retraso “sólo puede generar problemas para las empresas, que tendrán que pagar con efecto retroactivo”.
Casi dos millones de trabajadores en España reciben en su nómina un salario mínimo del que dependen para vivir. Una negociación que afecta especialmente a peones del sector agrícola, repartidores de comida a domicilio, trabajadores del hogar y personal de limpieza, vigilantes de seguridad o determinados perfiles dentro de la hostelería.
El SMI debe encauzar el trámite obligatorio de la consulta previa en la mesa de diálogo, no sin antes aprobar definitivamente una reforma laboral en la que el Gobierno tiene puestas todas sus miras y que confía en sacar adelante.
La perspectiva de superar los 1.000 euros de SMI en un año refleja la senda marcada por el comité de expertos. Los 996 euros fijados para este año suponen un nivel similar al incremento en el que cerró la inflación media el año pasado, pero por debajo del IPC del 6,5% registrado en el mes de diciembre.
Sin embargo, a pesar de las recientes subidas, el salario mínimo en España se sitúa aún muy por debajo del fijado en algunos países de nuestro entorno como Luxemburgo (2.202 euros) o Países Bajos (1.701 euros). La perspectiva a corto plazo es que el SMI equivalga al 60% del salario medio en España.
