España compromete más fondos europeos para el sector público que para las empresas. Es un hecho del que ya se quejaba la patronal empresarial en nuestro país a principios de año, cuando apuntaban que, en 2002 menos de la mitad de las convocatorias se han dirigido a las empresas
Ahora, según la última evaluación realizada por la firma de consultoría LLYC en relación con el Plan de recuperación, ratifica que la distribución de los fondos de Bruselas favorece de manera más significativa la evolución de la Administración que la del sistema productivo.
Sólo un 40% destinado a transformar el sistema productivo
De los aproximadamente 57.000 millones de euros que ya se han anunciado o licitado, alrededor de 25.000 se destinarán al sector público, mientras que 23.000 se destinarán al sector privado.
Los restantes, casi 9.000, son categorizados por el Observatorio NextGen de la consultoría como mixtos, ya que su destino "puede ser tanto el sector público como el privado", como se indica en el informe.
En términos más sencillos: el 44% del capital se utilizará para modernizar la Administración, el 40% para actualizar las empresas que operan en el mercado y el 15% restante para convocatorias "a las que tanto las empresas privadas como las públicas pueden o deben postularse".
Y es que, según alertan desde LLYC, los fondos suelen estar comprometidos cuando se publica la convocatoria o anuncio de licitación correspondiente, incluso si el inicio del plazo para presentar solicitudes es posterior.
Recordemos que, de los 70.000 millones en subsidios previstos en la primera parte del Plan de recuperación, todavía hay 13.000 sin comprometer, lo que podría equilibrar la estadística o incluso colocar al sector privado en una posición superior.
España ya ha ejecutado el 59,5% de los fondos comprometidos con el sector público, pero solo el 37,4% de los comprometidos con el sector privado, siempre ateniéndose a la regulación europea como factor más determinante.
Esto es, mientras que el Gobierno o las Comunidades Autónomas pueden hacer licitaciones de forma unilateral, con las convocatorias se debe cumplir con el marco de las ayudas estatales. Por ello puede resultar mucho más sencillo redactar los pliegos para que la Administración contrate con dinero europeo que diseñar un proceso de apoyo a las empresas.
Diferencias y casos
Un ejemplo lo encontramos en el Perte del vehículo eléctrico, donde la segunda convocatoria se retrasó hasta este verano porque Bruselas tardó en aprobar el nuevo Reglamento de Exención por Categorías.
En los Perte de la descarbonización o el hidrógeno se han producido situaciones similares, con acciones que quedaron pendientes al finalizar el primer semestre, según resalta el informe. Pero las diferencias entre la licitación y la convocatoria también se aprecian en la siguiente etapa del proceso, cuando se trata de hacer llegar el dinero a su beneficiario.
Como decimos, España ya ha ejecutado un 59,5% de los fondos comprometidos al sector público. En total, el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos se han beneficiado de unos 8.000 millones de euros del plan de recuperación, frente a los poco más de 6.000 que han ingresado a las empresas.
Esta estadística solo analiza los fondos distribuidos por la Administración General del Estado (AGE), pero sirve para medir cómo no solo es más rápido diseñar una licitación que una convocatoria, sino también ejecutarla.
El caso es que los grandes Perte por sectores, que terminan principalmente en las empresas, están centralizados en el Gobierno, mientras que a las autonomías se les confía principalmente la gestión de fondos dedicados a ellas mismas, así como a los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Sin embargo, el mensaje que se ha comunicado a la opinión pública en estos años ha puesto el énfasis en la transformación del sistema productivo, especialmente a través de los Perte, con la modernización de la Administración en un segundo plano, más asociada a las reformas que a las inversiones.
Habrá que comprobar si el compromiso adquirido en la UE torna hacia un reparto más equitativo, independientemente del Gobierno que se conforme tras las últimas elecciones, aún por confirmarse.
