La urgencia derivada de una situación determinada puede alterar la realidad hasta límites insospechados. Es lo que pasa cuando la razón de ser de una acción pasa a ser lo contrario de lo que realmente se busca a corto plazo.
Se explica con el verdadero titular de esta noticia. Y es que la UE ha decidido acortar los plazos para poner en marcha plantas de energía renovables, aunque ello suponga saltarse importantes directivas pactadas en lo referente a protecciones medioambientales.
¿Qué supone acelerar el proceso?
La agudización de la crisis energética por la guerra en Ucrania lo ha precipitado todo. Lo que antes era un plan de acción ilusionante y a largo plazo se ha convertido ahora en una acción “temporal pero inmediata”.
Así lo ha calificado la Comisión Europea, que quiere aligerar, al menos de forma transitoria, los largos procesos burocráticos tanto para la puesta en marcha como para la actualización de las plantas, que suele traducirse en aumentos de potencia.
Una propuesta más que entendible si no fuera por el choque que va a suponer con las organizaciones defensoras del medioambiente. Esto es porque, como decimos, el paquete de medidas permite saltarse la directiva que protege a las aves silvestres y su entorno en la UE.
Un hecho cuestionable que se une también a la decisión de la CE para la obtención de determinados permisos, que se podrán realizar sin un estudio de impacto medioambiental previo o imponiendo un plazo mínimo de un año.
Según ha comunicado la Comisión Europea, la crisis actual requiere de una actuación mucho más rápida a diferencia de los cambios normativos referentes a las renovables. La fórmula es sencilla: cuanto más rápido sea el despliegue de la energía eólica y de la solar fotovoltaica, menos necesarios serán el gas natural y el carbón en el mix eléctrico y, por tanto, menores serán también los precios que afrontan los consumidores.
En este sentido, desde APPA Renovables llevan tiempo destacando esta opción prioritaria, avalada en parte por el éxito de la excepción ibérica, cuando inciden en que la renovables son “la única vía que tiene el Viejo Continente para paliar su dependencia energética”.
No obstante, la propuesta final contiene algunas matizaciones nuevas a consecuencia de estas discrepancias medioambientales. Así, el texto alega que se deberá realizar una vigilancia adecuada para valorar la eficiencia de las medidas adoptadas para provocar el menor daño posible a las especies afectadas por la construcción del proyecto.
A vueltas con el autoconsumo
El autoconsumo, que está creciendo a gran velocidad en países como España o Alemania, es una de las soluciones más sencillas para reducir la factura energética y liberar carga sobre las redes de transporte de electricidad.
Con el objetivo de acelerar el despliegue de estos proyectos de energía renovable, desde Bruselas se ha propuesto a los Gobiernos nacionales aplicar el criterio de silencio administrativo positivo para instalaciones de energía solar para autoconsumo de una potencia máxima de 50 KW.
Esto quiere decir que, si las autoridades competentes no responden en el plazo de un mes, el permiso se considerará como dado de forma tácita. Desde la CE se considera que es un umbral de potencia “generoso” ya que corresponde a más de la media de una instalación doméstica, por lo que quedaría cubierta una amplia mayoría de proyectos.
Además, desde la UE se plantea también la repotenciación de las plantas de energías renovables, un proceso que irá ganando importancia en los próximos años, a medida que los primeros proyectos de solar y eólica vayan quedando obsoletos desde el punto de vista tecnológico.
Se trataría de una simple sustitución del equipamiento por otro más moderno que permitiría aumentar el caudal de electricidad generado sin necesidad de utilizar más espacio físico. Un periodo futuro en el que ya se da por hecho la inclusión de las evaluaciones medioambientales que requiera cada legislación.
El texto legal debe ser ahora sometido a la consideración de los Veintisiete, de cara a aprobar un reglamento temporal (de año a año y medio) que no necesita trasponerse a la legislación nacional y que pretende cambiar los procedimientos burocráticos, acortando sobre todo los plazos de obtención de permisos.
