Nuestro país es, desde hace tiempo, un tradicional exportador de talento. De hecho, España figura en muchos de los mejores rankings como mejor país para residir, por su calidad de vida, pero no tanto para trabajar o emprender.
Una opinión que se pretende revertir con la nueva legislación, una Ley de startups que ya ha sido aprobada por el Congreso y que pretende, en este sentido, convertir al país en un polo de atracción de profesionales y emprendedores del ámbito digital.
Nómadas digitales ‘for Spain’
Los llamados nómadas digitales (personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia habitualmente), van a concurrir en una ecuación llamada a resolverse a nuestro favor.
Desde que la pandemia y el teletrabajo universalizaran, no sólo la figura del trabajador en remoto, sino también de la empresa en remoto; hay una competición por atraer a dominios propios ese talento y ese capital.
Ahora, la ley de startups les ofrece visados, condiciones fiscales y laborales ventajosas y un nuevo ecosistema de emprendimiento en nuestro país, llamado a convertirlos en los nuevos reyes Midas del tejido empresarial.
Si analizamos la recuperación del turismo a lo largo del pasado año, que ya da empleo a más del 13% de la población activa (volviendo a niveles prepandemia), comprobamos que es un dato compatible con esta nueva visión de España como país receptor de talento.
Así lo puso de manifiesto el foro Taleñt 2022, organizado por la asesoría global de RRHH, Trivu, donde se analizaron los últimos cambios introducidos en la normativa, como la introducción de un nuevo régimen en el reglamento de ‘stock options’, elevando la retribución exenta hasta los 50.000 euros anuales.
La Ley de startups mantiene los beneficios fiscales
Durante su paso por los distintos filtros normativos, el Consejo de Ministros incorporó cerca de 80 enmiendas a la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, Ninguna de ellas alteran el régimen de beneficios fiscales contemplado en el proyecto aprobado por el Gobierno.
Los últimos cambios han servido para incorporar a las cooperativas al régimen de empresas emergentes, permitir el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de la Enisa (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) de una 'startup' o la profundización de los criterios a la hora de evaluar el grado de innovación y de escalabilidad de un negocio.
Otros cambios reconocen la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen los requisitos necesarios para beneficiarse de los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, con al menos, un 5% del capital.
Por otro lado, se equipara el acceso a los beneficios por profesional altamente cualificado para personas con estudios de formación profesional y se eliminan los requisitos a las empresas para contar con estos trabajadores.
Asimismo, se amplía hasta dos años el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo en nuestro país, así como iniciar un proyecto empresarial una vez concluyan sus estudios.
