Una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido la Ley crea y crece, aprobada el pasado mes de septiembre y permitiendo, entre otras cosas, crear empresas por un euro.
La normativa introduce también un cambio importante al permitir que los sujetos que pertenecen a un mismo grupo de empresas puedan crear sistemas de información y almacenamiento comunes.
El objetivo no es otro que recopilar y archivar la información necesaria para cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de dinero, utilizando un banco de datos conjunto que pueden consultar sólo con respecto a sus clientes.
Reformas en varias normas existentes
La Ley crea y crece que recordemos, entró en vigor hace un año, ha sido promovida por el Gobierno con la finalidad de fomentar la creación y el crecimiento de empresas, combatir la morosidad comercial e impulsar el crecimiento de las Pymes mediante la reducción de obstáculos reguladores y financieros.
Para ello, ha introducido reformas en varias normas existentes, entre ellas la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y es que la reforma de esta norma también afecta a las disposiciones relacionadas con la protección de datos.
Las novedades principales, como decimos, vienen en materia de prevención del blanqueo de capitales ya que se modifican los sujetos obligados a cumplir con los protocolos y requerimientos establecidos por la Ley.
El caso es que se excluyen a personas que realicen actividades financieras de manera ocasional o muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, lo cual flexibiliza los requerimientos de la Ley.
Además, se permiten las operaciones y relaciones de negocio no presenciales con firmas electrónicas no cualificadas, siempre y cuando se obtenga la copia del documento de identificación en un plazo de un mes.
En cuanto a la protección de datos, se permite que los sujetos obligados pertenecientes a un mismo grupo, como varias aseguradoras o varios despachos de abogados, puedan crear sistemas comunes de información y almacenamiento para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero.
Eso sí, siempre y cuando realicen evaluaciones de impacto en la protección de datos para garantizar la seguridad y legalidad de los accesos y comunicaciones de los datos y la trazabilidad del acceso a los mismos.
La digitalización como base del crecimiento
La repercusión que tiene la digitalización en el crecimiento de las empresas nunca había sido tan evidente como tras la apuesta del Gobierno por la implantación definitiva y obligatoria de la factura electrónica, con la aprobación de esta Ley.
Y es que la normativa trata de convertir la factura electrónica en el eje, en torno al cual, se puedan introducir procesos de digitalización eficientes en las empresas, focalizados en la mejora del trabajo de las personas.
Además, el uso de la factura electrónica supondrá una revolución que facilitará y mejorará los plazos de cobros de las ventas a crédito. Y es que, hasta hace poco, tener trazabilidad completa de la factura, conocer su evolución tras la remisión al cliente y recibir notificación de la fecha de cobro, era un sueño por cumplir para cualquier empresario.
