La ola de digitalización global afecta a todas las capas de la sociedad. Para bien, por supuesto. Aún incluso con las reticencias de aquellos organismos más atados a los métodos tradicionales, como es el sector jurídico que, que poco a poco, también va dando pasos en este sentido.
También en el plano europeo, ya que desde Bruselas acaban de presentar una serie de iniciativas para solucionar los obstáculos en el acceso a la información y la cooperación judicial transfronteriza. Para ello, nada como avanzar en digitalización de cara a mejorar el intercambio de datos.
¿Por qué es importante digitalizar el marco judicial europeo?
Una pregunta muy obvia, pero que necesita de la argumentación de su respuesta. En el marco europeo, los países miembros han detectado deficiencias desde hace tiempo al intentar acceder a la información referida a asuntos civiles, mercantiles y penales.
El ejecutivo de la UE ya ha remarcado que en el mercado intracomunitario hay muchos litigios, ya sean entre empresas o ciudadanos, que son transfronterizos. Por ello, la digitalización de los sistemas judiciales debe ayudar al intercambio de información entre los 27.
El nuevo reglamento en forma de propuesta legislativa de la Comisión Europea, tiene previsto ayudar a todas las partes a comunicarse con las autoridades competentes, mediante la vía electrónica para iniciar procedimientos judiciales contra una parte de otro Estado miembro.
Asimismo, también ayudará a los países con el uso de videoconferencias en las vistas orales; ya sea en asuntos civiles, mercantiles y penales transfronterizos. Una de las medidas con las que se pretende agilizar más los procedimientos.
Por último, la Comisión Europea también busca garantizar la transferencia digital en la solicitud de documentos y datos entre las autoridades nacionales y los órganos jurisdiccionales.
Herramientas eficaces para los nuevos sistemas judiciales
Para el buen devenir de esta propuesta, las herramientas que se empleen en la transformación digital son claves para modernizar los sistemas judiciales. Las empleadas en la Administración Pública de nuestro país y su Plan de digitalización para 2025, están demostrando que el ahorro económico también es importante.
De hecho, la Comisión calcula que las medidas de digitalización permitirán el ahorro anual de 25 millones de euros en gastos de envío y papeleo, un trámite que también repercute directamente en el medio ambiente.
Por otra parte, desde Bruselas han apuntado a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, cuyo intercambio de comunicaciones debe ser lo más seguro posible de cara a modernizar estas prácticas que hasta ahora; se hacen desde canales inseguros.
La agencia comunitaria Eurojust, encargada de estas tramitaciones, deberá digitalizar su comunicación para que los Estados miembros puedan coordinar sus investigaciones y respuestas judiciales de la forma más eficiente.
Además, se creará una plataforma de colaboración para los equipos conjuntos de investigación (ECI) con la que se pretende mejorar los intercambios de información en investigaciones penales específicas entre varios países.
El objetivo final no es otro que hacer más fácil el trabajo de fiscales y jueces, proporcionándoles los medios más rápidos y seguros. Sólo falta que las propuestas salgan adelante, previo análisis y negociación del Parlamento y el Consejo Europeo.
