Tan amplio como específico, el sector jurídico engloba multitud de actividades y actores implicados que están a punto de asumir una revolución en su práctica habitual; tan pronto como la Inteligencia Artificial (IA) se haga cargo de su modernización.
La progresiva introducción de estas tecnologías en las empresas así como su percepción por parte de la sociedad, hace que la actualización sea más obligatoria que opcional. De hecho, en los próximos dos años se espera un cambio visible bastante notable.
El futuro del sector jurídico
Teniendo en cuenta la normativa propuesta desde la Comisión Europea para regular la Inteligencia Artificial en la UE y los riesgos específicos que pueden plantear estos sistemas, la automatización de ciertos procesos ya es una realidad que está transformando a las empresas.
En el sector jurídico, la mecanización de procesos de lectura de documentos (en sí una actividad bastante rutinaria), supone una de las realidades más incipientes de este ámbito, donde la posibilidad de liberar recursos para invertir más tiempo en otras tareas de valor añadido es clave, también para reducir los costes de gestión documental.
Los textos en este campo, como todos sabemos, pueden llegar a tener una alta complejidad léxica y sintáctica, lo que hace que se aglutinen en un mismo compendio tanto leyes, como contratos, escrituras notariales o resoluciones judiciales, entre otras.
Es por ello que dotar de un sistema inteligente a los ordenadores de lectura eficaz se antoja clave en el sector, de cara a transformar la práctica jurídica. El conocimiento de todos los contenidos será computable, es decir, tendrá un acceso más preciso, profundo y democrático.
La creación de un software jurídico
Las herramientas digitales y su propia evolución tienen algo en común: un software capaz de procesar datos cada vez más grandes. Los procesos de decisión en el sector jurídico ya no estarán supeditados al conocimiento humano sino al almacenamiento en ordenadores capaces de entender la documentación legal y de manipularla.
La IA debe asumir un reto interno con la tecnología y con el sector jurídico que no es otro que afianzar su puesta apunto para unos resultados óptimos que este campo de trabajo requiere. Esto es, porque la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial no son explicables ni gobernables, lo que quiere decir que resulta imposible mejorarla a partir de un cierto nivel.
Así, unificar el sector jurídico y la tecnología debe ser consecuente también con sus limitaciones. La IA puede resultar igual de costosa que compleja a la hora de poner en la práctica a personas sin una capacidad adecuada en estas herramientas.
Es por ello que también se prevé la demanda de profesionales mixtos que tengan conocimientos jurídicos y que, además, aporten esas capacidades para abordar la tecnología y hacerla accesible al idioma jurista.
En definitiva, el sector jurídico está empezando a asimilar que no queda otra opción que incorporar IA de forma progresiva; al mismo tiempo que asume su derecho a exigir unos estándares de rigor y fiabilidad consecuentes a su profesión.
