Pasar al contenido principal

Nuevos fondos europeos para el plan Justicia 2030

Plan Justicia 2030 Ayudas europeas

Se siguen sucediendo las ayudas europeas dentro de los plazos preestablecidos. Ahora, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se destinarán 63 millones de euros al desarrollo de los proyectos de inversión prioritarios para la transformación del servicio público de Justicia. 

El objetivo de estos nuevos fondos es el de avanzar con el plan Justicia 2030, que contempla una inversión de 400 millones de euros hasta 2023 para implantar infraestructuras digitales homogéneas e interoperables. 

Para ello, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas acordaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial celebrada antes de final de año, el reparto de esta nueva cuantía.  

Nuevas infraestructuras e inmediación digital 

Los tres proyectos concretos en los que se asienta el plan Justicia 2030 son: Modernización de infraestructuras, Inmediación digital y Fe Pública Digital y Servicios Digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos. 

En concreto, el reparto de estos fondos permitirá implantar coordinadamente infraestructuras digitales en todo el territorio del Estado y construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables.  

Asimismo, facilitará la creación de una arquitectura de la información basada en datos para la gestión y ejecución de políticas públicas basadas en la evidencia y permitirá ofrecer la llamada ‘Carpeta Justicia’ como punto de acceso de profesionales y ciudadanos en sus relaciones con la Administración. 

Como explicábamos a la hora de exponer las condiciones para acceder a los fondos europeos, las CCAA serán, una vez más, agentes clave para su distribución. Un reparto que se suma a los 21 millones que fueron transferidos a las comunidades en abril de 2021. 

Prevención del fraude y apoyo a las personas con discapacidad 

En la Conferencia Sectorial se ha debatido también la necesidad de dotar de mecanismos robustos a la Administración para la prevención del fraude en el empleo de fondos europeos. Además, se ha puesto sobre la mesa la próxima organización de un foro de Justicia y transformación digital. 

Por otro lado, en la Comisión Permanente del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) que se celebraba previamente a esta conferencia, se establecía un acuerdo para dotar a la Administración de Justicia de las herramientas necesarias para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entre otros. 

Ahora que la Administración Pública de nuestro país se encamina hacia su digitalización, prevista en su totalidad para 2025, la necesidad de modernizar estos ámbitos de forma efectiva se hace imprescindible.