Las Administraciones públicas han comenzado a acelerar las ayudas para paliar el desastre causado por el volcán de La Palma que, por el momento, ha dejado a más de medio millar de familias sin sus casas y sus negocios, además de arrasar más de 1.000 edificaciones.
Entre las ayudas que están llegando a la isla, el sector público esta evidenciando su apuesta por paliar lo más rápido posible a los principales damnificados por el desastre natural. De hecho, el Gobierno acaba de aprobar, a través de un Real Decreto-Ley, un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños causados por la erupción volcánica de La Palma. Estas actuaciones, por importe de casi 214 millones de euros, se destinarán a la reconstrucción de infraestructuras; entre ellas el suministro de agua, los sectores agrícola y turístico y el fomento del empleo.
Un plan de ayudas que se suma a las ya acordadas en el Consejo de Ministros, que ya aprobó una partida de 10 millones y medio de euros en el primer plan de ayudas urgentes para la isla, de los cuales 5 millones irán directos a las familias afectadas. El resto está destinado a la compra de 107 viviendas.
Pero no es la única línea de ayudas porque, si exceptuamos las donaciones particulares que están siendo claves para abastecer a los damnificados en servicios básicos durante estos días, las empresas privadas también han querido sumarse a esta oleada de solidaridad.
Los notarios ofrecen asesoramiento a los afectados
Un ejemplo a destacar de lo que está suponiendo las ayudas públicas a este desastre natural, viene por parte del Notariado español, que ha decidido habilitar soluciones prácticas para ayudar a los damnificados.
El fin tiene como objetivo prestar asesoramiento notarial, recuperar documentación destruida, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar solución a otras dificultades que se plantearán. Así, el Colegio Notarial de Canarias habilitará a sus profesionales para que una vez finalice la erupción, presten a aquellos ciudadanos que lo necesiten estos servicios de forma gratuita.
El Consejo General del Notariado se ha puesto también a disposición del Gobierno de Canarias y de los Ayuntamientos damnificados ofreciéndoles su colaboración para dar respuesta a estas y otras cuestiones que podrían afectar a los ciudadanos en relación con sus bienes y derechos afectados.
Iniciativas de las entidades financieras y de los jóvenes empresarios
Sareb, la Asociación Española de Banca (AEB), los bancos procedentes de las cajas de ahorros agrupados en CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) han puesto a disposición de los afectados de La Palma, de forma gratuita y durante un tiempo indeterminado, las viviendas que tengan disponibles en condiciones de habitabilidad en la isla y en otras zonas próximas.
Las entidades asociadas han explicado que el objetivo de esta medida es el de ayudar y contribuir con las Administraciones y el resto de las instituciones al realojo temporal de las personas desalojadas de la zona dañada, declarada oficialmente como ‘zona catastrófica’.
Por su parte, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha puesto en marcha una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos de particulares y empresas para la recuperación de las zonas que han sido devastadas por la lava.
El movimiento ‘Renaciendo Juntos’ persigue el objetivo de movilizar a todas las Asociaciones de Jóvenes Empresarios para conseguir que La Palma pueda volver a la normalidad lo antes posible a través de donaciones internas cuyos fondos irán destinados al Cabildo de la isla.
Comisiones de seguimiento y ERTES específicos
Además de la ayuda económica, el Gobierno ha informado de la creación de dos comisiones que garanticen el seguimiento y la agilidad en la gestión de las ayudas. Una es la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones implicadas para coordinar las ayudas y la otra, la Comisión Interministerial para sumar las iniciativas que llegan de cada uno de los departamentos.
La reconstrucción de zonas urbanas y cultivos arrasados por la lava es la principal misión una vez cese la erupción del volcán, pero más allá de estas ayudas urgentes, el Ejecutivo central ya ha avanzado la posibilidad de aprobar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) específicos vinculados a esta tragedia.
Anunciado al mismo tiempo que la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, este pacto con los agentes sociales supondría el inicio de unos expedientes para las empresas afectadas por la erupción del volcán y en el conjunto de las Islas Canarias.
Como en los demás ERTE, se protege a la plantilla de trabajadores, así como a las empresas, las cuales se podrán beneficiar de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.
