Más de dos semanas después de la erupción del volcán de la isla de La Palma, la superficie afectada por la lava asciende ya a 415 hectáreas, así como a un perímetro cercano a los 40 kilómetros. Una terrible fuerza de la naturaleza que sigue sin dar tregua, sobre todo a la población de los municipios cercanos que viven con agonía la incertidumbre de una actividad volcánica que no cesa.
Entre las ayudas que están llegando a la isla, el sector público esta evidenciando su apuesta por paliar lo más rápido posible a los principales damnificados por el desastre natural. De hecho, el Gobierno acaba de aprobar, a través de un Real Decreto-Ley, un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños causados por la erupción volcánica de La Palma. Estas actuaciones, por importe de casi 214 millones de euros, se suman a las ya acordadas en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Un plan de ayudas que se destinará a la reconstrucción de infraestructuras; entre ellas el suministro de agua, los sectores agrícola y turístico y el fomento del empleo.
Por su parte, el Notariado español ha decidido habilitar soluciones prácticas para ayudar a aquellos que han visto afectadas sus propiedades. Así, los notarios de Canarias van a establecer un sistema de colaboración con los ayuntamientos, con el Gobierno de Canarias y en especial, con los ciudadanos afectados con el objetivo de rehacer la documentación que existía o que no existía a efectos de que se pueda justificar cuáles son sus derechos. Para ellos y para los que ya han perdido sus viviendas (más de 800) sepultadas en la lava, se abre el interrogante de qué pasara con sus derechos catastrales.
El decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé explica en que consiste esta iniciativa y nos contesta a una serie de preguntas sobre la forma de proceder en relación con los afectados por este desastre natural.
P: La lava está sepultando viviendas y propiedades. ¿Qué pasa si pierdo la documentación?
R: Hay que distinguir dos supuestos, por un lado, quiénes tenían escrituras públicas para los que la solución es sencilla en la medida en que los originales están en los archivos del protocolo y lo que se va a hacer es facilitar la expedición de nuevas copias de los documentos.
El problema viene con aquellos que no tenían documentación o escrituras públicas, o en el caso de tenerlas, que no estuvieran actualizadas. Por ejemplo, alguien que tenía un terreno y con el tiempo se ha convertido en una finca de regadío, de producción de plátanos donde se ha edificado una vivienda… Pues bien, en todos estos casos va a ser necesario justificar la existencia de ese derecho.
Para ello, desde el Colegio Notarial de las Islas Canarias se va a establecer un sistema de colaboración con los ayuntamientos, con el Gobierno de Canarias y en especial, con los ciudadanos afectados con el objetivo de rehacer la documentación que existía o que no existía a efectos de que se pueda justificar cuáles son sus derechos antes de que pasase la lava del volcán: si había cultivos, si había edificaciones…etc. Pensemos también que hay que cuestiones que no figuran directamente en documentos públicos, como por ejemplo si había un arrendamiento, un contrato de aparcería, si existía una explotación agraria…
Van a ser muchas y muy difíciles, en algunas ocasiones, las circunstancias; pero existen medios para justificar esto a través de actas de notoriedad que se podrán hacer a través de los notarios habilitados.
P: ¿Valen documentos como los recibos, los contratos de arras o las fotografías aéreas para justificar estas propiedades?
R: Si, para este tipo de documentación en el que se justifican estos derechos, todas las ayudas van a ser importantes. Además, una que va a ser esencial es la colaboración con las oficinas técnicas de los ayuntamientos o con información catastral que también va a servir de ayuda especial para recomponer y justificar cuál era esa situación.
P: ¿Qué sucede con aquellas construcciones que no estaban legalizadas y que han sido destruidas por el volcán?
R: En estos casos habría que ver si ha transcurrido el plazo de la correspondiente infracción urbanística (el tipo de suelo en el que estaba). De ahí, la importancia de que esta colaboración que se piensa realizar se haga de la mano de oficinas técnicas de los ayuntamientos.
Por ello, la idea del Colegio Notarial es destacar en cada uno de estos municipios, un notario habilitado que pueda dar solución a estas personas en base a un asesoramiento personalizado y la elaboración de documentación necesaria para que pueda justificar su derecho y recibir en su caso, aquellas ayudas que se les pueda conceder.
