El comportamiento de las empresas es fundamental para tener éxito en la transición de la Unión Europa hacia una economía climáticamente neutra y ecológica en consonancia con el Pacto Verde Europeo y para cumplir los ODS.
Un proyecto común que incluye los objetivos relacionados con los derechos humanos y con el medio ambiente. Por ello, la UE está ultimando una directiva que requiera la aplicación de amplios procesos de mitigación de efectos adversos a este fin.
Control sobre las subcontrataciones de empresas
Ya en febrero, la Comisión Europea publicaba la propuesta de una Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que tiene por objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de suministro y empresas mundiales.
Una propuesta de regulación donde las empresas tendrán la obligación de detectar y mitigar cualquier caso de práctica empresarial poco ética, como pueden ser casos de trabajo infantil y explotación laboral en sus actividades.
Ahora que el Parlamento Europeo está avanzando con el texto legislativo (con previsión de que dentro de un año pueda ser aprobada), la integración de la sostenibilidad en los sistemas de gestión y gobernanza empresarial, así como la definición de las decisiones empresariales en términos de derechos humanos, impacto climático y medioambiental, cobran un mayor sentido.
La Directiva contiene una amplia cobertura y afectará a tres clases diferentes de empresas:
- Grupo 1 - Empresas de responsabilidad limitada de la UE de tamaño considerable. Aquí se incluirán aproximadamente 9.400 empresas con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocios neto mundial.
- Grupo 2 – Al que pertenecen unas 3.400 empresas de los sectores definidos como de gran impacto. Con más de 250 empleados y un volumen de negocios neto mundial de 40 millones de euros, estas empresas llevan a cabo sus actividades en sectores como el textil, la agricultura o la extracción de recursos minerales.
A raíz del elevado riesgo que conllevan estas empresas, se propone que las normas recogidas en la Directiva empezarán a aplicarse en este grupo, dos años más tarde que para el primero.
- Grupo 3 - El tercer grupo cubre a empresas que no son de la UE, pero que realizan actividades comerciales en el Espacio Schengen con un determinado umbral de volumen de negocios generados.
Las Pymes no entran directamente en el ámbito de aplicación de esta Directiva, pero, según lo dispuesto por la Directiva, pueden verse afectadas indirectamente.
En este contexto, la Directiva establecerá un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas que operan en el mercado único al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones y a través de sus cadenas de valor.
¿Qué obligaciones tendrán las empresas con la nueva directiva?
La primera y principal será comunicar anualmente junto a su cuenta de resultados todas las medidas que toman activamente para evitar vulneraciones en toda su cadena de producción. Un trámite que, hasta ahora, es optativo en casi toda Europa y si las compañías no lo hacen no pueden ser sancionadas por los tribunales de cada estado.
Para obligar a su cumplimiento, la Comisión aún no ha definido su procedimiento. Existe la opción de introducir cláusulas en las subcontratas bajo pena de sanciones o rescisión del contrato. Por otra parte, se puede obligar a la empresa principal a gobernar y supervisar todo el proceso.
En este sentido, organizaciones no gubernamentales como Ecologistas en Acción creen que una ley basada exclusivamente en la diligencia debida, “reforzaría un sistema de normas jurídicas basadas en el autocontrol y la autoevaluación muy acorde con los intereses del poder económico y financiero”.
Contexto actual
En las últimas décadas, la regulación de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y su impacto en el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.
El hecho de avanzar en el establecimiento de mecanismos para controlar y castigar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, impedir la impunidad y evitar su repetición se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales.
Y es que, tanto empresas como Gobiernos afrontan desde hace tiempo importantes problemas medioambientales, sociales y de gobernanza que llevan a realizar un mayor escrutinio del origen de las cadenas de suministro.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 28 millones de personas en todo el mundo desempeñan hoy en día trabajos forzosos, el 12% de ellas, niños.
En un momento actual en el que en España se rebajan impuestos para poder competir fiscalmente entre diferentes territorios, Europa busca evitar que las empresas compitan entre ellas a costa de los derechos humanos o empeorando la crisis climática.
