En los últimos meses, ha habido un aumento extraordinario en España de empleados que solicitan cambios en sus horarios de trabajo o la posibilidad de teletrabajar, argumentando la necesidad de conciliar responsabilidades familiares.
Este fenómeno ha llevado a una saturación de los tribunales, ya que muchas de estas peticiones son rechazadas y terminan en litigio. ¿Puede repercutir en el desarrollo económico de las empresas a largo plazo?
Normativa legal
La publicación del Real Decreto-ley 5/2023 incorporó la transposición de una directiva de la Unión Europea sobre la conciliación de la vida familiar y profesional que establece que los empleos deben adaptarse a las diversas situaciones derivadas de la crianza de menores y el cuidado de dependientes y personas mayores.
Según el artículo 127.2 del decreto, los trabajadores tienen el derecho de solicitar adaptaciones en la duración y distribución de la jornada laboral, la organización del tiempo de trabajo y la posibilidad de trabajar a distancia para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Esta disposición ha generado tanto un aumento significativo de solicitudes como de peticiones de teletrabajo a tiempo completo, lo que ha resultado en un aumento de los litigios. Por ello, las empresas han mostrado su preocupación ante esta situación.
Es el caso de trabajadores que argumentan que durante la pandemia trabajaron eficientemente desde sus hogares y ahora solicitan regresar al teletrabajo para cuidar de sus hijos o familiares, ante lo que muchos jueces han reconocido este derecho si la tarea puede realizarse de forma remota.
¿Qué pasa si la empresa se niega?
Si la empresa decide no aceptar la solicitud, debe proporcionar una explicación detallada por escrito al trabajador sobre la negativa, y se sugiere que ofrezca una alternativa. De lo contrario, el empleado puede recurrir a los tribunales.
La decisión judicial no solo determina si la empresa debe conceder la solicitud, sino que en algunos casos se considera que el empleado merece una indemnización por discriminación, aunque no hay un criterio uniforme al respecto.
Y es que se ha observado un colapso en los Juzgados de lo Social debido a la cantidad de casos, generando una judicialización extrema de los derechos de conciliación, ante lo que expertos sugieren que el diálogo social sería el mejor lugar para resolver estos conflictos de intereses.
Se destaca que la empresa no debe cuestionar las opciones reales del trabajador para conciliar, evitando indagar en aspectos íntimos. Sin embargo, algunos abogados sugieren que este tema podría analizarse en el juzgado si fuera necesario.
Por último, es importante destacar que la solicitud de conciliación funciona como un blindaje contra el despido ya que, desde el momento de la solicitud, aunque aún no se haya concedido o denegado, el despido se considerará improcedente o nulo ofreciendo una protección adicional a los empleados.
De hecho, los abogados están actuando de manera más proactiva al recibir solicitudes de adaptación de jornada, respondiendo en un plazo más corto y asegurándose de que las negativas estén bien fundamentadas.
