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Modificar la regulación de residencia fiscal para atajar el fraude

fraude residencia fiscal

Alertados por el elevado fraude fiscal en algunos impuestos, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha presentado un nuevo informe con propuestas para atajar su ilegalidad a través de la reforma de las administraciones tributarias. 

Así, han propuesto entre otras medidas, modificar la regulación de la residencia fiscal en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de impedir que el contribuyente con una fuerte conexión con el territorio español eluda el pago logrando la residencia en otros territorios. 

Ley de lucha contra el fraude: ¿incompleta? 

El informe incluye algunos planteamientos que no se han abordado en la ley de lucha contra el fraude y no se han plasmado en el 'Libro Blanco para la reforma del sistema tributario español’, elaborado por el comité de expertos designado por el Gobierno, donde se incluye entre otros, la propuesta del impuesto sobre las grandes fortunas

Entre sus condicionantes, los inspectores de hacienda plantean también la eliminación o la reforma "sustancial" del tradicional régimen de módulos, que favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas y que no tiene, según alegan, “razón de ser” con los medios informáticos de los que disponen todos los comercios. 

Y es que, desde hace años, nuestro país presenta un amplio volumen de fraude fiscal y economía sumergida, que sitúa a España en una horquilla del 20-25% del PIB, (el doble de la media de la Unión Europea). Unas cifras que preocupan razonablemente al sector. 

Limitar el pago en efectivo entre empresas 

Para reducir el fraude fiscal, los inspectores plantean potenciar las transacciones por medios electrónicos, a la vez que se restringen los pagos en efectivo, sobre todo en las transacciones entre empresas. Mediante una obligación que requiera trazabilidad bancaria. 

Además, alertan del elevado fraude en el impuesto de hidrocarburos, cuya subida agravaría más esta situación. En este sentido, proponen mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y los reguladores del sector de la energía, así como establecer el carácter mensual del modelo 380 sobre IVA asimilado a la importación. 

Como en otras ocasiones, la Asociación IHE plantea introducir en la Ley General Tributaria (LGT) un procedimiento especial que se aplicaría en los fraudes más graves o de carácter organizado y que supondría una especie de "muerte civil" de estos contribuyentes, ya sean personas o entidades. 

Además, se propone que la cuantía para la publicación de los datos en el listado de morosos se sitúe en 300.000 euros, frente a los 600.000 actuales, y que se imposibilite crear más empresas a quienes aparezcan en ella. 

Armonización del patrimonio  

En lo que tiene que ver con las relaciones entre las Administración públicas a nivel regional y nacional, evidencian la idea de crear una base de datos compartida con los contribuyentes que tributen en cifra relativa, así como establecer mecanismos que garanticen que la normativa es homogénea en todas las administraciones tributarias. 

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones, los inspectores reclaman una armonización de tipos impositivos y una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué CCAA es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe declarar.  

Además, los inspectores consideran que es necesaria una revisión de los beneficios fiscales, especialmente en el caso de la empresa familiar. En este sentido, la Asociación propone acabar con los cambios ficticios de domicilio fiscal a través de una campaña que luche contra esta situación y acabar de una vez con el fraude fiscal y las pérdidas recaudatorias.