El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) acaba de pasar a trámite parlamentario después de su esperada aprobación en Consejo de Ministros. Una anhelada y decisiva normativa que plantea medidas para la reducción de la precariedad en la universidad, en sintonía con la reforma laboral.
No es el único movimiento en favor de la profesionalización docente, ya que recoge derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso de gasto del 1% del PIB. Una ley que busca modernizarse e internacionalizarse. La analizamos.
Un 8% de temporalidad
La LOSU prevé convertir las plazas temporales del profesorado asociado en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%.
Una estabilización laboral que también va a conllevar la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando derechos por antigüedad o derechos a complementos salariales.
Además, se incorporan medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica, mediante el reconocimiento de su experiencia docente y posicionarse en determinados concursos.
En este sentido, el objetivo es recuperar el valor original de la figura del profesor asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas.
Carrera académica con microgrados
Otra de las novedades que trae la LOSU es que la formación a lo largo de la vida sea una función básica de la universidad. En ella, se establecerán títulos propios de formación mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico.
Además, establece que las Administraciones públicas fomentarán programas de becas y ayudas a la formación a lo largo de la vida en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional.
Respecto a la carrera docente e investigadora, la LOSU establece tres etapas en la carrera académica (acceso, estabilización y promoción) en vez de las cuatro de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
Así lo afirmaba en una reciente entrevista la rectora de la Universidad CEU-San Pablo y vocal permanente de la CRUE, Rosa Visiedo, quien destacaba la visión que se tiene desde la universidad, donde “se fomenta al profesorado para que emprenda sobre proyectos de innovación aplicables a la empresa”.
Internacionalización
La nueva Ley orgánica se articula dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y es por ello por lo que incorpora, por primera vez, un título dedicado a la internacionalización. Así, tanto el Gobierno, las CCAA y universidades elaborarán estrategias para internacionalizar el sistema universitario.
No es otra cosa que poner el ecosistema universitario español en un plano más general donde también “puedan adaptar su oferta formativa al mundo real”, tal y como destacaba la rectora universitaria de la CEU.
Las alianzas universitarias europeas e internacionales se refuerzan, con el impulso de títulos compartidos. En la LOSU la movilidad internacional del estudiantado, del personal de administración y servicios (PAS) y del personal docente e investigador (PDI) se convierte ahora en una prioridad.
Además, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al finalizar el grado, máster o posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o trabajar. En esta línea, la LOSU ha creado una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función es atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.
La demanda de la comunidad universitaria
Clave para distinguir la gobernanza y sus estructuras dentro de una universidad, es el rango de importancia que se le da a la comunidad universitaria y sus demandas, muchas veces ignoradas en favor de otros objetivos externos.
El nuevo texto plantea un modelo democrático con estructuras básicas que asegurar, a los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento, una participación mínima del 25%.
Por ello, han velado las distintas organizaciones universitarias encargadas de su elaboración, como es el caso de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que trabaja también en varios proyectos legislativos.
Rosa Visiedo destaca también, desde su posicionamiento en la Conferencia de Rectores universitarios, la importancia de esta ley, que sale “en defensa de la posición de las universidades” a la hora de su desarrollo.
