A las empresas españolas les está pasando factura incumplir el Plan de Igualdad que, desde principios de año, es obligatorio para todas aquellas que superen los 50 trabajadores. Unas multas que, hasta el mes de noviembre, superan este año los 2,3 millones de euros.
Y es que, según ha hecho pública la Inspección de Trabajo, ya se han detectado cerca de mil infracciones por este motivo solo en 2022. Mientras, hay alrededor de un 70% de compañías que no cumple con la legislación. Supone hasta siete veces más que las sanciones aplicadas el pasado año.
Una vigilancia intensificada
El motivo de tan exagerada inflación de estas penalizaciones puede ser debido a que la Inspección de Trabajo ha ido intensificando la vigilancia del cumplimiento de los planes de igualdad, sobre todo este año, desde su obligación a gran parte de las empresas.
Ya en 2020, por ejemplo, se detectaron 38 infracciones por este motivo y se impusieron sanciones por valor de 71.617 euros. Nada comparado a las 163 del año pasado o en comparación con este ejercicio que aún está por concluir.
La cifra de personas afectadas por las infracciones asciende a cerca de 229.000 trabajadores, según refleja la Inspección. Otro de los datos que mayor contraste tiene respecto a 2021, cuando los profesionales afectados no llegaron a 40.000 personas.
Recordemos que, no cumplir con la obligación de tener un Plan de Igualdad está calificado como una infracción grave de las relaciones laborales, que puede ser sancionada con multas desde 751 a 7.500 euros.
Además, si la exigencia parte de un mandato de la Inspección de Trabajo, no cumplir con el Plan de Igualdad está considerado una infracción muy grave. En ese caso, las multas pueden llegar hasta los 225.018 euros en su grado máximo.
¿Por qué la mayoría de las empresas incumplen la medida?
Con los datos en la mano, cabe preguntarse cuál puede ser la explicación a tan reiterado incumplimiento, cuando alrededor del 70% de las empresas obligadas a presentar un Plan de Igualdad no lo hace efectivo.
Como decimos, la principal justificación es la cantidad de compañías que se han visto expuestas a esta obligación en los últimos tres años, unas 25.000. Hasta 2019, solo estaban obligadas las que superaban los 250 trabajadores, que suponían unas 4.700 compañías.
Nueve meses después de la última fecha límite, el registro del Ministerio de Trabajo dispone de unos 10.000 planes de igualdad inscritos. Unos datos que suponen un mayor número de empresas que incumplen la normativa que aquellas que están al día con la legislación para luchar contra la discriminación de sexo en los centros de trabajo.
El caso es que existe otra explicación para esta problemática. Según los principales sindicatos de los trabajadores, el foco se da en empresas de menor tamaño donde no hay comités ni representantes sindicales.
Se explica así el retraso de muchas compañías, que han tenido que hacer frente a la pandemia y la normativa de los ERTE, cuya viabilidad ha ido marcando un punto de inflexión de cara a irse adaptando a la legislación.
En este sentido, los empresarios aluden a que la propia normativa obligaba a que los planes de igualdad fueran negociados y, en caso de no existir representación legal de los trabajadores, debatirlo con los sindicatos más representativos.
Las centrales sindicales defienden que hace falta “negociación y verdadera voluntad” para elaborar los planes de igualdad y que cumplan con su misión. Es decir, que detecten los obstáculos en la igualdad en los centros de trabajo. Un reto para el que hace falta recursos y tiempo.
