El Consejo de Estado ha avalado los modelos de declaración de los dos nuevos impuestos energéticos y financieros de cara a recaudar el pago anticipado de los tributos, así como los recursos judiciales de las empresas afectadas disconformes.
Se trata de una prestación pública patrimonial no tributaria como fórmula para imponer gravámenes temporales sobre los beneficios extraordinarios de banca y petroleras que se integra en la Ley 38/2022.
Ligero retraso en el gravamen
La conformación de los nuevos impuestos temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, viene en paralelo con la creación del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas que modifica varias normas tributarias y que entro en vigor a final de año.
El caso es que la aplicación práctica de estos nuevos tributos requería de cierto trabajo técnico para tener listos los formularios de declaración que deben rellenar las empresas sujetas a imposición. Un plazo desde su publicación que era de apenas un mes hasta el inicio del primer pago anticipado.
Por tanto, el retraso de los impuestos era ya inevitable. Ahora su dictamen favorable, que apenas introdujo algunas mejoras técnicas en los modelos de declaración, ha limitado su retraso a solo unos días.
La ley establece, concretamente, que las "entidades obligadas deberán ingresar durante los primeros veinte días naturales del mes de febrero siguiente al nacimiento de la obligación de pago de la prestación, en concepto de pago anticipado de dicha prestación, el resultado de multiplicar el porcentaje del 50% sobre el importe" a tributar, en este caso respecto al ejercicio 2022.
Hacienda debe ahora emitir una orden ministerial con los llamados modelos 796, para el abono del impuesto energético, y 798, para el tributo a la banca, y publicarla en el BOE. El 50% de la tributación restante se abonará entre el 1 y el 20 de septiembre.
Objeto
De momento, las entidades financieras que facturasen más de 800 millones en 2019 afrontan un impuesto del 4,8% sobre su margen de intereses y las comisiones netas de la actividad desarrollada en España, unos 1.500 millones al año.
A su vez, las empresas del ramo eléctrico, gasista y petrolero que facturasen más de 1.000 millones en 2019 abonarán el 1,2% de su cifra de negocio, 2.000 millones anuales que se rebajarán en 500 al no verse finalmente afectada su actividad regulada. Los tributos operarán dos años antes de que se evalúe su fin, extensión o perpetuidad.
Desde el Gobierno, consideran que estas compañías, que presentan estos días beneficios récord, hagan una mayor aportación para ayudar a paliar la crisis inflacionista y energética. Los sectores afectados, por su parte, denuncian que no se gravan sus beneficios, sino su facturación, y muchas firmas ultiman recursos judiciales que presentarán en paralelo al primer pago.
