Si todo sigue su curso, los envases de plástico se reducirán un 50% en dos años. De momento, la venta de fruta y verdura en envases de plástico estará prohibida en nuestro país en los negocios minoristas (tanto tiendas de barrio como supermercados) a partir de 2023.
Se puede decir que es la principal medida que contempla el real decreto de envases y residuos que está ultimando el Gobierno y que el Ministerio para la Transición Ecológica está próxima a sacar a información pública. Una norma que también contiene medidas para impulsar la venta a granel y el agua no embotellada.
Al hilo de esta actualidad, hemos querido hablar con el responsable de campañas de Consumo y Biodiversidad de Greenpeace, Julio Barea, para que nos cuente cómo de necesaria es esta nueva medida y cuánto va a ser de efectiva.
“El 40% del plástico que se utiliza en España es para envases de usar y tirar”
“Estamos hablando de una burrada de plástico”. Así de contundente se muestra Barea al hablar del consumo desproporcionado que tanto en nuestro país como en el resto de Europa se hace de estos envases.
Según el responsable de Greenpeace, “la medida es necesaria dentro de la tramitación de la próxima Ley de residuos”, un reglamento que, como comentábamos, establece la creación de dos nuevos impuestos y que viene a acelerar la guerra contra el plástico.
“Muchas de las cosas que plantea esta ley se articuló en base a unos reglamentos, entre los que se incluye la parte de envases”. Para poner en contexto su importancia, Barea expone que el 40% del plástico que se utiliza en Europa y en España es para envases de usar y tirar. “Un sinsentido porque el siguiente uso prioritario del plástico es para la construcción, un 20%”, alega.
Desde Greenpeace consideran que este real decreto debería de aprobarse a la par que la Ley de residuos, “dada la magnitud que tenemos con el consumo de plástico”. Según señala un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en promedio una persona podría ingerir aproximadamente 5 gramos de plástico cada semana, el equivalente al peso de una tarjeta de crédito.
“Si queremos atajar el mayor contaminante que hay de plástico, hay que actuar sobre los envases”, aunque según Barea, con estas medidas es difícil. Por ejemplo, el responsable ambientalista señala que “se está hablando de reutilizar, pero no de reducir el consumo”. Unos objetivos que, a largo plazo, se revisarían en 2027 “cuando estamos al mismo nivel de exigencias que en 2008”.
“La previsión es mala y se espera que siga aumentando la producción de envases”
A partir del año que viene, con la nueva Ley de residuos se espera implantar un sistema de devolución y retorno “pero no por capricho de reciclar, porque no es suficiente, sino porque es la única manera de que podamos tener de forma masiva envases reutilizables”. Una cadena donde Barea incluye al vidrio, un material sobre el que es “imprescindible su reciclaje y que se está quedando fuera de estas medidas”.
El real decreto de envases y residuos viene acompañado de un informe oficial hecho por la empresa pública Tragsatec, donde se analiza la viabilidad económica y ambiental de un sistema de evolución y retorno que evitaría que 2.193 toneladas de botellas y latas acaben en la naturaleza cada año.
“Estamos pidiendo este sistema porque es la única puerta para volver a tener envases reutilizables” incide Barea, unas medidas para las que se necesita “voluntad política porque el usar y tirar se tiene que acabar”.
Voces críticas ante la inminente Ley de residuos
No han faltado críticas a estas medidas, desde el sector público al privado. Por ejemplo, La Xunta ha advertido que la futura Ley de residuos establece objetivos inabordables para los ayuntamientos.
Más recientemente, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera que la propuesta de esta ley es actualmente "inasumible para el sector sanitario español, público y privado".
En esta línea, ASPE ha presentado una propuesta de enmienda a los portavoces parlamentarios en la que solicita que el tratamiento de residuos sanitarios, que por su riesgo biológico no son reciclables, sea incluido entre las exenciones a estos impuestos.
En lo que se refiere a los organismos públicos, Julio Barea expone que “si a los Ayuntamientos les dieran el dinero que les tienen que dar para asumir los impuestos, no tendrían problemas”. En este sentido, recuerda que desde Greenpeace se publicó este año un informe referido a la gestión de los envases que van en la ‘fracción resto’ (residuos restantes después de separar los residuos reciclables).
El estudio revela los costes para las arcas municipales de la recogida, tratamiento y eliminación de los envases del cubo gris, que supone una deuda, que asumen todos los años los Entes locales de más de 1.700 millones de euros.
“La pandemia empieza a dejar paso a la reactivación del consumo” se lamenta Barea, algo que supone caminar en la misma dirección, mientras se tiran balones fuera y la producción de envases sigue aumentando.
