El Gobierno quiere seguir salvaguardando la integridad de las empresas estratégicas del país, desde que se puso en marcha el escudo anti-OPAS en 2020, referida a las ofertas no amistosas para adquirir todas o la mayoría de las acciones de una compañía, cuando en plena pandemia se temía por el oportunismo inversor extranjero.
Se trata de empresas de sectores clave que ya vieron comprometida su actividad a lo largo de 2021, cuando el Ejecutivo volvió a prorrogar esta medida de blindaje. Ahora, la posibilidad de vetar la entrada de capital foráneo se hará extensiva hasta el 31 de diciembre de 2024.
Prórrogas y medidas
La principal novedad de esta prórroga, que aún debe dirimirse en Consejo de Ministros, es que viene a incrementar su rango de actuación, ya que en este escudo entrarán también las ventas de activos, operaciones muy frecuentes en el sector energético y en el de infraestructuras.
Hay que tener en cuenta que el blindaje anti-OPAS se desarrolla en dos Reales Decretos. El primero en entrar en vigor, en marzo de 2020, tiene efecto permanente y permite vetar a inversores de fuera de la UE que quieran adquirir más de un 10% de una empresa estratégica por más de 500 millones.
Meses después, el Gobierno amplió la cobertura para evitar que inversores extracomunitarios pudiesen burlar el sistema creando sociedades en países de la UE, e hizo que el escudo afectase también a los inversores de países del club comunitario. Mantuvo eso sí, el resto de las condiciones, pero limitó su alcance solo a las compañías cotizadas y le dio un carácter temporal.
A esta segunda norma, se le aplicaron dos prórrogas del Ejecutivo (la última en noviembre del año pasado) cuya fecha de caducidad cumplía este fin de año. Así pues, esta tercera prórroga que ultima el Gobierno será más amplia que las anteriores y evita que pueda volver a expirar antes de las próximas elecciones generales.
¿Cómo repercute positivamente en nuestras empresas?
El ámbito de aplicación se amplía a la compra de activos o de ramas de negocio, aunque no impliquen el control de la sociedad, siempre dentro de los sectores considerados estratégicos.
Hay que aclarar que este tipo de operaciones no estaban incluidas en el texto anterior, que solo contemplaba las transmisiones societarias, por lo que se busca ahora reforzar la seguridad jurídica y el control de las inversiones.
Como decimos, se trata de un cambio que refuerza el control en dos sectores en particular: el energético y las infraestructuras, donde las ventas de activos son moneda común. Por ejemplo, en este último, las autopistas han sido históricamente objeto de deseo para los fondos extranjeros, dado su perfil como fuente de ingresos segura y constante.
En lo que se refiere al sector energético, los últimos años han sido testigos de los planes de transformación de grandes compañías que venden activos o buscan socios, una estrategia utilizada por Iberdrola o Repsol, por ejemplo.
Dada la situación actual de la energía en Europa, es clave blindar el sector durante los próximos años. Por su parte, las otras áreas sobre las que se aplica la norma actual son transportes, agua, robótica, medios de comunicación, ciberseguridad, telecomunicaciones o defensa.
Aún con todo, existe el temor de parte de las empresas, de que estas medidas desincentiven el interés por el mercado nacional. En este sentido, fuentes gubernamentales consideran que el proceso de revisión ha funcionado y no se ha frenado la actividad ni la inversión extranjera.
