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La seguridad jurídica, una facilitadora de la economía

Seguridad jurídica

Para hablar de seguridad jurídica habría que empezar hablando de la importancia que tienen las instituciones. Como dijo Jean Monnet, uno de los “padres de Europa”: “Nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin las instituciones”

La seguridad jurídica es el presupuesto esencial para la realización del tráfico económico, ya que el correcto funcionamiento de los mercados exige el eficaz desarrollo de las relaciones jurídicas y la confianza de sus agentes conforme a la Ley. 

¿Qué es la seguridad jurídica? 

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la certeza que se conoce y se permite por el poder público. Predice, además, las consecuencias jurídicas de los actos o conductas. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica es un concepto discutido, ya que muchas veces, no se sabe si tiene condición de principio o de valor jurídico. Es por ello que se corre el riesgo de caer en la inseguridad jurídica, debido a la incertidumbre que se genera respecto a las posibilidades del cumplimiento de los contratos, sobre todo. 

Cuando nos enfrentamos a un periodo de recuperación económica como el que tenemos por delante, las energías de los agentes económicos deben ir canalizadas hacia actividades productivas, los derechos de propiedad y a facilitar las transacciones económicas.  

Así lo destaca el economista y catedrático Benito Arruñada, quien dicta las claves para que un sistema legal reduzca al mínimo sus costes de negociación, de cara a establecer mecanismos   efectivos para resolver conflictos y asegurar que los contratantes cumplan sus obligaciones de la mejor manera posible. 

Factores de riesgo en la seguridad jurídica 

En un estudio sobre la economía española publicado recientemente por Fedea, Arruñada alude que tanto la legislación como la Justicia suelen incurrir en fallos que pueden dañar la evolución de la economía y el bienestar general de la sociedad. En este sentido, argumenta que, en los últimos tiempos se observa en España una progresiva erosión de la seguridad jurídica, asociada a los siguientes fenómenos:  

  1. Los derechos de propiedad sufren una desprotección creciente, derivada de cambios legales y sentencias que exceden los criterios de razonabilidad de la Unión Europea y los acuerdos sobre inversiones transnacionales. Algunos están directamente relacionados con la propiedad privada y las carencias de las políticas públicas (como sucede, por ejemplo, con los desahucios). 
  2. La contratación privada padece dificultades para dotarse de mecanismos de autorregulación y arbitraje. Se dificulta la ordenación privada de las relaciones económicas y se acaba asumiendo funciones para las que no goza de ventaja comparativa (una situación frecuente en materia de consumo). 
  3. La legislación sufre un exceso de reglas de obligado cumplimiento “innecesarias, porque no responden a fallos genuinos de la contratación libre” así como una “decreciente calidad técnica” en leyes que tienden a multiplicarse sin necesidad y a cambiar con suma rapidez y de manera inesperada.  
  4. Se suele criticar la lentitud en el funcionamiento de los tribunales de justicia, pero su fallo más grave parece residir en la “imprevisibilidad” de muchas sentencias que pueden poner en peligro la posibilidad de que se suscriban contratos similares en el futuro, al endurecer las condiciones a las que se enfrentarán individuos con características similares a aquellos a los que se pretende proteger. 

Los Asesores Fiscales denuncian la inseguridad jurídica de 42 modelos de Hacienda 

Uno de los principales problemas que tienen contribuyentes y asesores a la hora de presentar sus impuestos es la falta de claridad normativa. Dudas y criterios que pueden tener diferentes interpretaciones, y que por lo general se acaba por asumir la más restrictiva si no se quieren tener problemas.  

Es por ello que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado la inseguridad jurídica de 42 modelos de Hacienda que no cuentan con las instrucciones aprobadas y publicadas en el BOE.  

De esta manera, se pueden producir discrepancias y no completar correctamente los modelos, de manera que provoque sanciones ya que, según defiende la Asociación, deben tener el correspondiente soporte legal a través de una norma que recoja también las instrucciones para cumplimentarlo. 

De las 42 denuncias, los contribuyentes pueden fijarse en algunos modelos especialmente importantes como son el relativo al IRPF, al alta de los trabajadores autónomos o a la autoliquidación del IVA. El listado completo de los modelos denunciados puede conocerse aquí

Al final, la seguridad jurídica es la garantía que nos presta el Estado contra cualquier mal causado sobre nuestros bienes y derechos, por lo que la protección y la reparación de estos, es consecuencia directa de su significado.