¿Qué son los PERTE?
Los proyectos estratégicos que el Gobierno de España tiene perfilados como principales beneficiaros de las ayudas europeas, se comprenden dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado el pasado día 27 de abril, con inversiones y reformas destinados al coche eléctrico, hidrógeno verde o industria aeroespacial, entre otros.
Las áreas calificadas como tractoras, o que arrastran favorablemente a otras, definen la estrategia del Estado, que dispondrá recursos y colaborará con el sector privado para lanzar los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
Se trata de proyectos que repercutirán directamente en el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, y que según destaca el Gobierno central, poseen un alto componente de colaboración público-privada y son transversales a las diferentes administraciones.
¿Qué comprenden los PERTE?
En primer lugar, hay que saber que el PERTE se concibe como una vía administrativa capaz de agilizar los procesos de carácter burocrático a la hora de acceder a los fondos europeos.
El PERTE debe contar con financiación privada con un rango de cuatro euros por cada uno público. Este debe contar además con una articulación mediante contratos, subvenciones, consorcios o agrupaciones. Por último, “debe contribuir al crecimiento, solucionar deficiencias de mercado y tener carácter innovador” según indica su texto regulatorio.
Su aprobación se realiza en Consejo de Ministros a propuesta del ministerio correspondiente en cada caso.
En este sentido, el detalle sobre los PERTE es todavía escaso, aunque según ha anunciado el Gobierno, se pretende ampliar las ayudas a un total de diez proyectos, como mucho, en su búsqueda de los mejores beneficiarios.
Plan de beneficiarios
Entre los que se encuentran ya anunciados, se encuentra el referente al coche eléctrico, por el que el Gobierno dotará de subvenciones que pueden alcanzar los 7.000 euros por la compra de un nuevo vehículo de estas características.
Además, , se está hablando de la posibilidad de incluir un plan de ayudas para el 5G, destinado al despliegue y desarrollo de la red móvil de última generación.
Por su parte, la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial prepara un PERTE que ayude a conseguir los objetivos de su estrategia nacional de Inteligencia Artificial. “Aunque está en fase de estudio, este incluiría su desarrollo y la innovación, para promover talento en torno a esta tecnología o integrarla en los procesos productivos de las empresas”, ha señalado el organismo.
Según ha confirmado el Ministerio para Transición Ecológica, uno de los PERTE incluirá también proyectos que se hayan presentado en los Manifiestos de Interés de energías renovables innovadoras, almacenamiento e hidrógeno. El despliegue de las energías renovables precisa de grandes baterías que las acumulen y con estas ayudas, se busca también convertir embalses en almacenes de energía mediante sistemas de bombeo.
Por otro lado, existirá un PERTE agroalimentario que se centrará en acelerar la transformación de esta industria, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, competitividad o la digitalización de procesos, así como la seguridad alimentaria y los sistemas de calidad.
En cuanto al PERTE aeronáutico, desde el sector apuntan al desarrollo de la industria del dron, para lo que el Gobierno ha contactado con empresas como Airbus o Indra. Aseguran que desde este plan de recuperación “se avanzará en la generación de capacidades industriales españolas vinculadas al futuro avión de bajas y nulas emisiones, cuyas actividades de I+D están cubiertas por el Plan Tecnológico”.
Respecto al PERTE del sistema sanitario, el Gobierno ha anunciado que se pondrá en marcha un proyecto “emblemático de salud personalizada de precisión” con el fin de mejorar la salud de la población.
Auditoras privadas para fiscalizar las ayudas
La fiscalización de las ayudas comunitarias deberá garantizar el correcto uso de los recursos ya que el desembolso europeo para estos planes estratégicos estará condicionado al cumplimiento de cada uno de los objetivos.
Se trata de una tarea para la que el Gobierno de España ha barajado contratar auditoras privadas, de cara a conjugar los mecanismos de control ya existentes en las administraciones públicas junto con otros de nueva creación que permitan verificar la viabilidad de los proyectos seleccionados.
Previsiblemente, la responsabilidad de esta tarea recaería en las cuatro principales firmas que habitualmente prestan servicio a las grandes empresas del país; KPMG, Deloitte, PwC y EY, con las que el Gobierno trata de impulsar proyectos de colaboración público-privada.
Al final, se trata de evitar irregularidades como pueden ser el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación, entre otros. Todos ellos, articulados en tres niveles con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
