Dentro del cumplimiento normativo para empresas, la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing es una pieza esencial en el ámbito laboral, puesto que obliga, entre otros puntos, a habilitar un Canal de Denuncias interno.
El objetivo principal de la normativa es asegurar que cualquier persona trabajadora tenga a su disposición un instrumento que le facilite la revelación de posibles infracciones o irregularidades que puedan estar ocurriendo en la empresa.
La Directiva europea deja claramente establecida la necesidad de garantizar la confidencialidad del denunciante y a la vez, busca promover un entorno más ético en la empresa, garantizando también, la protección del denunciante.
Procedimientos de denuncia
Lo primero que los trabajadores deben conocer son los aspectos relativos a los ámbitos en los que el canal de denuncias será de aplicación directa, ya que permitirá recoger las infracciones o alertas relativas a la intimidad personal, seguridad, contratación pública, o cualquier otra situación que se considere irregular.
Habilitar este canal de denuncias obligatorio es de cumplimiento tanto para el sector público como el privado, específicamente para las empresas con 50 o más personas trabajadoras. Para poder desarrollar esta función, la norma establece que el tratamiento de la denuncia debe cumplir con unos requisitos básicos:
- Designar personas imparciales para poder realizar la tramitación con total garantía de confidencialidad.
- Acuse de recibo de la denuncia en un plazo de 7 días, para un seguimiento adecuado.
- Seguimiento del estado de la denuncia donde se determina un plazo máximo de 3 meses para su resolución.
Los canales de comunicación que reciben las denuncias deben haber sido diseñados bajo el principio de confidencialidad y seguridad, para proteger la identidad de los denunciantes. Asimismo, el procedimiento de denuncia incluye información expresa y clara ante las autoridades competentes.
¿A qué empresas afecta la nueva normativa del canal de denuncias?
Como decimos, el mantenimiento de un canal de denuncias obligatorio se hace extensivo tanto para el sector público como el privado, con una serie de matices que incluye la aplicación para todas las entidades jurídicas del sector público, con excepción de aquellos municipios que tengan menos de 10.000 habitantes o de 50 personas trabajadoras.
La obligación se hace extensiva a las entidades jurídicas de ámbito privado cuyo número de trabajadores sea igual o superior a 50 personas. Existe también la posibilidad de compartir los recursos para aquellas empresas situadas en una ratio de 50-249 trabajadores manteniendo los principios esenciales de confidencialidad y protección de datos.
En cuanto a la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing que establece el nuevo canal de denuncias, diciembre de 2021 era la fecha establecida para su entrada en vigor, aunque la norma recoge un límite temporal de otros dos años para las empresas privadas de menos de 250 empleados.
