La creación de una Fiscalía Europea es una realidad desde el día 1 de junio. Un organismo que podrá investigar y perseguir delitos en los Estados miembros participantes de forma independiente de las autoridades nacionales.
El objetivo de la European Public Prosecutor´s Office (EPPO en inglés), es el de perseguir los casos de fraude contrarios a los intereses financieros de la UE. Una gran mayoría de estados miembros que deciden, por primera vez en la historia, compartir sus poderes en derecho penal para proteger los presupuestos europeos.
¿Por qué es necesaria una Fiscalía Europea?
La UE calcula que cada año se pierden alrededor de 500 millones de euros por corrupción, aunque reconoce que el daño probablemente sea "mucho mayor". La acción judicial en Europa se centrará en estos y otros delitos que puedan perjudicar a las finanzas de la UE como pueden ser el fraude transfronterizo del IVA, el blanqueo de capitales o la malversación de fondos.
La rumana Laura Kövesi, se ha convertido en la primera fiscal general europea, quien junto a otros 22 fiscales conforman el primer nivel de la Fiscalía Europea, que se complementa con un segundo plano descentralizado: los fiscales delegados en cada país.
En total serán 140 miembros de casi todos los países miembros cuando estén todos nombrados, que se reunirán periódicamente en Luxemburgo, la sede oficial de esta nueva institución comunitaria.
Así, la Fiscalía Europea luchará contra la apropiación indebida de fondos de la UE y protegerá el dinero de los contribuyentes. Otro de los objetivos prioritarios es que esta Fiscalía única pueda actuar con celeridad en casos transfronterizos sin tener que pasar por los trámites habituales de cooperación judicial.
Sin embargo, varios países han mostrado sus reticencias a formar parte del organismo. Son los casos de Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia, que, aunque no están obligados y podrán unirse en cualquier momento, han denegado por ahora su participación en un organismo creado en virtud de la llamada "cooperación reforzada", con las fiscalías.
De hecho, la nueva Fiscalía Europea está investigando ya un caso transfronterizo de fraude del IVA por un monto de 70 millones de euros. Kövesi ha detallado que la institución no se centrará en pequeños casos y ha prometido que hará público si dirigentes políticos tratan de interferir en el trabajo de la Fiscalía.
Estructura de la Fiscalía Europea
La Fiscalía cuenta con dos niveles en su estructura. Uno europeo cuya sede está en Luxemburgo y que cuenta con la fiscal general y un fiscal más por cada Estado miembro integrado.
El segundo nivel esta descentralizado con fiscales delegados de la UE en cada Estado miembro, que aportan el conocimiento específico sobre los servicios jurídicos nacionales, la lengua local y otras particularidades de cada país.
La Fiscalía actúa como un órgano “independiente” para el intercambio rápido de información entre países, investigaciones policiales coordinadas y la rápida congelación e incautación de activos, así como la detención de sospechosos. Además, trabaja con la agencia de cooperación judicial europea (Eurojust) y la Oficina europea Antifraude (OLAF).
¿Cómo actuará España dentro de la Fiscalía Europea?
El Proyecto de Ley del Consejo Europeo que contempla la nueva fiscalía ya ha sido aprobada por el Congreso, donde los grupos parlamentarios de nuestro país han mostrado su apoyo mayoritario a un plan que establece igualmente una cooperación reforzada de los países miembros para su creación, que ahora pasa como iniciativa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
En el caso de España, este nuevo organismo introduce importantes novedades en el proceso penal porque contempla que sean los fiscales europeos quienes investiguen los delitos de su competencia, en lugar de los jueces de instrucción.
Esta iniciativa del ejecutivo tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento comunitario. La institución se configura en un nivel central, donde se integra el Fiscal General Europeo, y un nivel descentralizado compuesto por los fiscales europeos delegados.
Además, la Audiencia Nacional será el órgano judicial competente para conocer y fallar en los procedimientos previstos en la ley orgánica, y en los casos de aforamiento, lo serán el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia, según proceda y según regula su normativa.
También se establece que en caso de discrepancias entre la Fiscalía europea y la nacional sobre si un comportamiento constitutivo de delito está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento decidirá el fiscal general del Estado.
La Fiscalía Europea pretende investigar al menos, 3.000 casos de fraude al año.
