A diferencia de otras normativas, el Gobierno ha encontrado dos leyes capaces de aunar en una respuesta afirmativa a la gran mayoría de grupos parlamentarios. Y es que tanto la Ley de Ciberseguridad 5G como el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones han sido aprobadas para completar su tramitación.
Esta última sigue los pasos del texto que viene a sustituir, el de 2014, que también obtuvo un amplio respaldo del Congreso. Por su parte, la Ley de Ciberseguridad 5G, que establece los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de las redes de quinta generación, ha contado con 312 votos a favor en su proceso de convalidación.
Ley de ciberseguridad 5G: un marco confiable y seguro
Tras la aprobación el pasado 31 de marzo del Plan Nacional de Ciberseguridad previsto para el segundo semestre del año, acelerada ante el incremento de los riesgos de seguridad y ciberataques por el escenario geoestratégico provocado por la guerra en Ucrania, la ley 5G ha sido convalidada bajo un marco “confiable y seguro”.
Así lo ha destacado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, desde donde se remarca que esta ley permitirá incentivar el despliegue y la inversión en 5G por parte de los operadores y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios.
De hecho, lo más relevante de esta normativa es la creación de un procedimiento para que se puedan clasificar a los suministradores de bajo, medio y alto riesgo. A través de la aprobación de un "Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G" que efectuará un análisis de riesgos a nivel nacional sobre la seguridad de las redes y servicios de esta red.
Además, la ley incorporará al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea consensuada entre los Estados Miembros, en la que se identifican las principales amenazas y vulnerabilidades, así como los riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.
Ley de Telecomunicaciones: regulación flexible para el despliegue de redes
Esta iniciativa legislativa aprobada ahora, transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Un proceso que viene con retraso ya que tendría que haberse completado en diciembre del año 2020.
El texto de la nueva Ley de Telecomunicaciones introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como una regulación más flexible para los acuerdos de coinversión entre operadores; un impulso a compartición de antenas y la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia; así como fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
Adicionalmente, se ha incorporado también a esta normativa la caja de herramientas de la UE que permitirá, entre otras mejoras, una mayor coordinación entre Administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.
Entre las actuaciones más destacadas que llevará a cabo esta Ley, se cuenta también que los servicios de mensajería instantánea, llamadas o videoconferencias deberán realizar, por primera vez, una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.
Además, la normativa establece un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos en territorio español y se incluye por otro lado; una reforma del servicio universal de telecomunicaciones y una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas, entre otros.
