Las grandes plataformas de nuestro mundo, véase Google, Facebook o Amazon están muy pendientes de las negociaciones de la Eurocámara para dar salida a la más que probable ley de Servicios Digitales.
Una normativa que ya está en su fase final y que tiene el objetivo prioritario de establecer un paquete de medidas para atajar problemas asociados a estas multinacionales como pueden ser las consecuencias perjudiciales de sus algoritmos o la ausencia de reglas más claras para la moderación y retirada de contenidos.
Por un entorno online seguro y responsable
La ley fue presentada en el mes de diciembre de 2020 pero no ha sido hasta ahora cuando el Parlamento Europeo ha acordado fijar una serie de medidas contra los productos, servicios y contenidos ilegales, incluidos procedimientos claros para su retirada; más opciones para publicidad sin rastreo y prohibición del uso de datos de menores para ofrecerles anuncios personalizadas.
Así, quienes adquieran un servicio por internet podrán reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, evaluaciones de riesgo obligatorias y mayor transparencia en los algoritmos para luchar contra los contenidos nocivos y la desinformación.
Según aclara la Comisión Europea, estas nuevas normas son proporcionadas, favorecen la innovación, el crecimiento y la competitividad, y facilitan la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes. Unos hechos que justifican en el equilibrio de responsabilidad que debe haber entre los usuarios, las plataformas y las administraciones públicas.
¿Qué pasa con la desinformación?
Por extraño que parezca, las medidas que ofrece la ley de Servicios Digitales como solución a la desprotección de los usuarios pueden entorpecer la batalla contra la desinformación. Al menos así lo asegura la dirección de YouTube en un comunicado que ha hecho público recientemente.
El riesgo para la mayor plataforma de videos online es la “evaluación sistemática y detallada” a la que les exige la ley antes de lanzar cualquier producto o servicio. Y es que, según denuncian es algo que podría ralentizar su trabajo a la hora de facilitar protección a la comunidad de YouTube frente a amenazas urgentes y complejas como la desinformación asociada a la Covid-19, por ejemplo.
Asímismo, la nueva ley plantea aumentar la transparencia de la moderación de contenidos, forzando a las plataformas a explicarse ante los usuarios cuando borran sus contenidos, pero también cuando reducen su visibilidad. Una medida que atenta contra una de las estrategias claves de la plataforma para atajar la desinformación en lo que se refiere a su propia calificación de videos.
Y es que la ley de Servicios Digitales establece un mecanismo de "notificación y acción", además de salvaguardias, para la retirada de productos, servicios o contenidos ilegales de las plataformas digitales ante las que los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán actuar de urgencia.
Según señala el organismo europeo, todos los intermediarios online que ofrecen sus servicios en el mercado único, tanto si están establecidos en la UE como fuera de ella, deberán cumplir las nuevas normas. Las microempresas y pequeñas empresas tendrán obligaciones en proporción con su capacidad y dimensiones, sin olvidar su obligación de rendir cuentas.
Por último, la Eurocámara insiste en que los consumidores han de poder adquirir unos productos seguros en los mercados digitales, por lo que debe reforzarse la obligación de rastrear a los comerciantes. Una vez adoptadas las propuestas que ahora se debaten, las nuevas normas serán directamente aplicables en toda la UE.
