La directiva europea sobre los servicios audiovisuales (DCA) reformada en 2018 obligaba a las plataformas audiovisuales como Netflix, Amazon Prime Video o HBO a reservar un 30% de su catálogo a cine y series europeos.
España debe ahora transponer esta directiva europea para incorporar esta normativa en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual que está preparando; y que prevé que las plataformas de streaming que hayan facturado más de 50 millones de euros en el ejercicio anterior, tengan la obligación de financiar cine europeo con un 5% de sus ingresos en España.
Esta es una obligación que desde el año 2010 ya tienen las compañías televisivas, como Atresmedia, Mediaset o RTVE; este último con 6% de financiación por ser un operador público. De igual forma, la aportación del 5% de sus ingresos en España estará controlada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que establecerá en un reglamento cómo se computan los ingresos.
Pero no queda ahí la cosa, ya que la norma nacional se modernizará para acoplarse a la realidad del mercado e introducir una serie de conceptos presentes en la DCA, con el objetivo de adaptar el marco legal a la nueva realidad tecnológica y al Mercado Único Digital.
Protección de menores y regulación de competencias
Como decimos, el asunto principal por el cual se establece esta nueva ley es el de actualizar la legislación a la realidad del mercado, donde se han desarrollado nuevos servicios audiovisuales impulsados por tecnologías digitales, modificando la normativa actual que establece obligaciones sólo para la TDT en abierto.
La regulación de contenidos potencialmente dañinos para los menores de edad, es una de las prioridades de la nueva normativa, que establecerá franjas horarias específicas para el contenido audiovisual referente al juego, esoterismo o paraciencia y que sólo se podrá emitir entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada.
Otra de las características principales será la de regular la competencia entre actores del mercado audiovisual y proteger la diversidad cultural y lingüística, por lo que las televisiones de la TDT reservarán a obras audiovisuales europeas el 51% del tiempo de emisión.
Además, la nueva Ley extenderá su ámbito de aplicación a realidades como las plataformas de intercambio de vídeos y los influencers. En este sentido, la normativa se adentra en el mundo del streaming, tecnología que necesita, desde hace tiempo, un marco regulatorio adecuado.
Un marco propio legal y mayor flexibilidad publicitaria
Los nuevos cambios, aunque numerosos, pretenden acercar una reforma completa que se adapte a las nuevas circunstancias del género, motivada por el avance tecnológico del mercado digital.
Hay que tener en cuenta que la propia DCA fue reformada y no sustituida por una nueva directiva, lo que explica que esta nueva ley sufra un procedimiento similar a nivel nacional, por mucho que vaya a ser sustituida por una nueva.
Uno de los cambios radicales en el ámbito de aplicación de la norma, es que hasta ahora existía una regulación por la que se consideraba que un prestador estaba situado en España según los criterios de la Ley audiovisual vigente y ahora se va a crear un marco propio para los servicios de intercambio de vídeos a través de las diferentes plataformas.
Con el objetivo de reforzar el control, existirá la obligación de registrar la prestación de los servicios en todos los casos, incluidos los de agregación de servicios de comunicación audiovisual o los de intercambio de vídeos a través de plataforma.
En cuanto a la reforma en el ámbito de la publicidad, se establecerá una mayor flexibilidad en los límites de los servicios comerciales de televisión lineal (en abierto y de pago) de acuerdo con lo marcado en la DCA.
Así, se pasará de un límite de 12 minutos por hora a un límite máximo de 144 minutos entre las 6.00 de la mañana y las 18:00 horas, y a un límite máximo de 72 minutos entre las 18:00 y las 24:00. Además, por primera vez en España, se limita la publicidad de ciertos productos (como alcohol y tabaco) en las plataformas de intercambio de vídeos.
Hay que recordar que España arrastra desde noviembre de 2020 un expediente de la Comisión Europea por su retraso en transponer la legislación europea, que obliga como hemos comentado, a reservar un 30% del catálogo de las plataformas a audiovisual del continente.
El Gobierno ha anunciado recientemente, que someterá a una nueva consulta pública la ley de Comunicación Audiovisual antes de su aprobación, para encontrar “el equilibrio adecuado” entre los distintos agentes implicados.
