El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este mes la nueva norma que modifica la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.
El texto de esta nueva ley destaca el papel clave de las Pymes en la economía española, al representar el 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 64% del empleo empresarial total, resaltando la importancia en la mejora de la competitividad de este sector.
La importancia de cuantificar la contratación pública
Aunque la Ley de Contratos del Sector Público ordena que se facilite la participación de las pymes en la contratación pública, esta nueva norma advierte que en 2017 el porcentaje de contratos públicos adjudicados a este tipo de empresas fue tan solo del 29%.
Así, el texto aprobado el pasado 30 de junio y publicado en el BOE el día 9 de julio, señala que el progreso de las pymes de su acceso y participación en los contratos del sector público “implica una recogida de información cuantificable y un tratamiento estadístico de la misma”.
En este sentido, la normativa añade que disponer de datos que permitan analizar la situación de las pymes en cuanto a adjudicación de contratos públicos, permite contribuir con los objetivos que plantea esta nueva ley.
La enmienda se justifica desde la escasez de datos de participación de las pymes en la contratación pública. Para ello, entre otras medidas, la reforma de la Ley de Transparencia establece que las administraciones públicas publiquen semestralmente sus datos actualizados.
Fiscalidad medioambiental
Por otra parte, la norma modifica a través de su disposición final primera la Ley 16/2013 por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
De hecho, el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, titulado ‘Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’, recoge la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero con el objetivo de garantizar un efectivo control de dichos gases.
En concreto, ahora se da una nueva redacción al artículo relativo al impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Además, con la incorporación de las enmiendas del Senado se modifica, también, el régimen especial para los gases objeto del impuesto destinados a ser utilizados en inhaladores dosificados para el suministro de ingredientes farmacéuticos.
En este sentido, se determina que hasta el 31 de diciembre de 2026 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de dichos gases.
