Los precios de transferencia, entendidos como aquellos precios pactados en transacciones comerciales entre personas o entidades vinculadas o relacionadas, no son exclusivamente un asunto de grandes empresas.
De hecho, las operaciones vinculadas que parten de estos precios son transacciones propiamente dichas que se realizan entre personas físicas o jurídicas que tienen algún tipo de relación. En ellas se incluye la familiar, donde la vinculación es más estrecha.
Es por ello, que la Inspección de la Agencia Tributaria se está mostrando cada vez más agresiva en la observación de estas operaciones dentro de un grupo consolidado fiscal que pueda atender a compras entre multinacionales y también entre pymes.
Sanciones contra la evasión de impuestos
Ya desde hace varios años, Hacienda está vigilando a las empresas para impedir que haya actuaciones enfocadas a la eficiencia fiscal de cara a eludir impuestos. Lo que ahora se empieza a ver son sanciones traducidas en grandes multas impuestas a grandes grupos accionariales.
Esto es, sobre todo, porque las inspecciones ponen el foco en operaciones vinculadas de multinacionales que realizan operaciones entre filiales y matriz en las que, según los valores de compra o rentas que imputen, pagarán más o menos impuestos en uno y otro país.
Como es lógico, y se ha podido comprobar en cientos de casos, las empresas con grandes patrimonios pueden tener la tentación de desplazar su tributación a territorios donde se pagan menos impuestos. Ya sea porque el tipo impositivo es más bajo o porque estos países tienen las bases imponibles negativas.
Por este motivo, las empresas en España están obligadas a tener la documentación de precios de transferencia preparada antes del 25 de julio del ejercicio siguiente. Y es que, salvo en estas excepciones, cualquier empresa puede recibir la solicitud de la Administración para mostrar la documentación de los precios de transferencia.
Algo que las inspecciones de Hacienda están realizando ahora de forma más periódica, no sólo entre grandes empresas, sino también entre pymes, empresas familiares y sociedades profesionales.
Menor experiencia y asesoramiento
Son dos de las claves por las que estas sociedades de menor dimensión tributaria pueden estar más desprotegidas ante inspecciones puntuales. Debido, en parte, a no tener ni las políticas planificadas ni el asesoramiento adecuado.
La Agencia Tributaria persigue regularizar la situación tributaria tanto de estas compañías como de sus socios, a efectos de sociedades y del IRPF. Para ello, la única solución es ajustar al mercado el valor de las contraprestaciones acordadas por los servicios prestados por el socio a la sociedad y que luego factura a sus clientes.
En este sentido, se puede comprobar que Hacienda suele inspeccionar a la vez, a la sociedad y a sus socios. En grupos familiares, se suelen revisar los salarios al alza, aunque en ocasiones la Inspección se topa con límites cuando son consejeros, ya que entonces no se considera que sean operaciones vinculadas.
Por su parte, cuando no se aporta la documentación requerida para su inspección a tiempo, (se suelen dar dos semanas de plazo) ya puede haber sanciones. Si no es el caso, la Inspección verifica que está toda la información requerida en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
En el caso de que falten datos o haya incorrecciones, ya son infracciones graves que pueden ser sancionadas con un mínimo de 150 euros. Por último, los inspectores comprueban también el valor de mercado de las operaciones vinculadas, la metodología aplicada, los análisis económico-comparativos incluidos y las bases de datos usadas.
