El fin definitivo de los ERTE, previsto para marzo del año próximo, a tenor de la última prórroga que ha concedido el gobierno a estos expedientes, se antoja como impulsor de un incremento de solicitudes por parte de muchas empresas para entrar en concurso de acreedores.
Las continuas modificaciones legislativas a las que han hecho frente las empresas desde el inicio de la pandemia han supuesto un reto en la gestión de la contratación. Por supuesto, protagonizada por las sucesivas prórrogas de los ERTE que han provocado retrasos que pueden derivar en una situación de insolvencia.
¿Cómo afecta la prórroga de los ERTES a la insolvencia?
El Banco de España cifraba a principios de año en un 10% a las empresas españolas en riesgo de cierre debido a las consecuencias del COVID-19. Un dato que puede sonar incluso optimista a estas alturas, cuando el mismo organismo estimaba que cuatro de cada diez no podrán hacer frente al pago de los intereses de la deuda en la facturación del año 2020.
A vista de los datos más recientes, se puede pensar que la continua prórroga de los ERTES ha acrecentado el riesgo de insolvencia empresarial. Con la situación vivida, muchas compañías se han visto superadas por el descontrol y organización de sus plantillas, en parte por no poder dar una respuesta clara sobre los despidos o las reincorporaciones.
Los conflictos que han podido generar estas dudas en el entorno laboral han perjudicado seriamente el propósito inicial de la prórroga de estos expedientes, que no era otro que asegurar la solvencia de las empresas para hacer frente a los salarios con motivo de la crisis sanitaria.
Con el fin de los ERTES, se prevé llegar en muchas ocasionar a saldos negativos irrecuperables que obligaran a muchas empresas a realizar despidos colectivos. Las consecuencias ya son visibles en el tejido empresarial, donde sólo en el último trimestre un total de 912 empresas se han inscrito en concurso de acreedores, lo que supone un aumento de 12,5% respecto a 2020.
Pese a la reactivación visible en la creación de empresas que comentábamos en este post, también destacábamos el dato referente a la insolvencia empresarial que toma en cuenta el retraso en la toma de decisiones que debilita la estructura de muchas empresas, al no contar con la capacidad suficiente para asegurar su viabilidad y solvencia.
El coste de los despidos y la reestructuración
Como sabemos, un despido objetivo puede suponer un alto coste empresarial, por la obligación que conlleva la indemnización de los trabajadores afectados y también, por otro tipo de obligaciones adicionales como los planes de recolocación o los convenios especiales con la Seguridad Social.
La solvencia empresarial va a depender de la fortaleza al hacer frente a los distintos costes sociales que se derivan de los despidos. En muchos casos, las solicitudes de concursos de acreedores pueden facilitar las medidas si se presentan con antelación, de cara a que los agentes implicados en la reestructuración de las empresas puedan actuar con tiempo y orden.
Por todo ello, es importante que las compañías tengan claro cuáles son los mecanismos encargados de esta reestructuración y cómo se accede a ellos, en base a un asesoramiento completo y personalizado que va a resultar clave para la supervivencia de muchas empresas.
