El Consejo de Ministros aprobaba el pasado año la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas bajo dos pilares claves, la prevención y la colaboración.
Se trata de una hoja de ruta para el desarrollo y mejora de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en los próximos años y supone el decimoséptimo acuerdo con diálogo social.
El cáncer de origen laboral entra en escena
Una de las principales medidas de esta Estrategia es la creación de la Agenda Nacional para la prevención de Cáncer Laboral con el objetivo de avanzar en la mejora de la identificación de enfermedades profesionales, mejorar el diagnóstico precoz e intervención temprana y los protocolos de declaración de las sospechas de enfermedad profesional y de los daños derivados del trabajo.
Así lo celebra la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), desde donde alertan que, en España existe una infradeclaración de los casos de cáncer laboral en las empresas y piden una mayor vigilancia de la salud para la detección precoz en las empresas e investigación de agentes cancerígenos en el trabajo.
En Europa, el cáncer es la primera causa de muerte en el trabajo, una enfermedad multicausal y difícil a la hora de determinar su origen. Sin embargo, nuestro país es de los que menos notifica y reconoce los casos de cáncer de origen laboral, con un porcentaje actual del 0,03%, por debajo de la media europea que se sitúa entre un 5 y 10%.
Es por ello, que la infradeclaración de casos de cáncer laboral supone un elevado coste para los afectados ya que no reciben la prestación por enfermedad profesional y no son indemnizados. Se estima que el coste directo anual asociado al tratamiento del cáncer laboral asciende a cientos de millones de euros, por lo que invertir en prevención es más favorable que invertir en tratamientos.
La salud mental, por primera vez entre las prioridades
En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas trabajadoras.
Cuenta, además, con un enfoque integral en que la protección física y la mental se sitúen al mismo nivel. Y es que, por primera vez, la salud mental constituye un lugar prioritario en la estrategia, como también lo es apoyar a las pequeñas empresas en la gestión preventiva o elevar el nivel de protección de los colectivos vulnerables, entre otros.
Con ese fin, la Estrategia ha sido configurada en torno a seis objetivos estratégicos:
- Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático.
- Mejorar la gestión de la seguridad y la salud en las PYMES, una apuesta por la integración y la formación en prevención de riesgos laborales.
- Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad.
- Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
- Fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo para afrontar con éxito futuras crisis.
Líneas de actuación
Estos objetivos se desarrollan de forma práctica en un total 33 líneas de actuación entre las que destacan acciones como la creación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá avanzar en la mejora de identificación de enfermedades profesionales.
En el mundo laboral tiene especial incidencia el desarrollo tecnológico y en particular la digitalización, pero también los efectos cada vez más acusados del cambio climático, lo que obliga a la prevención de riesgos laborales a adaptar su normativa para identificar posibles carencias en la aplicabilidad de nuevos modelos de trabajo.
Asimismo, se incorpora la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, a la vez que se refuerza la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.
En este sentido, se ha identificado también, que existen determinadas ocupaciones o actividades en las que las mujeres corren más riesgo que los hombres de sufrir daños asociados a la actividad profesional.
Es por ello por lo que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.
