El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, consensuada con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas bajo dos pilares claves, la prevención y la colaboración.
Se trata de una hoja de ruta para el desarrollo y mejora de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en los próximos años y supone el decimoséptimo acuerdo con diálogo social.
La salud mental, por primera vez entre las prioridades
En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas trabajadoras.
Cuenta, además, con un enfoque integral en que la protección física y la mental se sitúen al mismo nivel. Y es que, por primera vez, la salud mental constituye un lugar prioritario en la estrategia, como también lo es apoyar a las pequeñas empresas en la gestión preventiva o elevar el nivel de protección de los colectivos vulnerables, entre otros.
Con ese fin, la Estrategia ha sido configurada en torno a seis objetivos estratégicos:
- Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático.
- Mejorar la gestión de la seguridad y la salud en las PYMES, una apuesta por la integración y la formación en prevención de riesgos laborales.
- Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad.
- Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
- Fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo para afrontar con éxito futuras crisis.
Líneas de actuación
Estos objetivos se desarrollan de forma práctica en un total 33 líneas de actuación entre las que destacan acciones como la creación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá avanzar en la mejora de identificación de enfermedades profesionales.
Además, se pondrá en marcha una Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional y se mejorará la protección de colectivos vulnerables que cuenten con mayores tasas de siniestralidad.
En el mundo laboral tiene especial incidencia el desarrollo tecnológico y en particular la digitalización, pero también los efectos cada vez más acusados del cambio climático, lo que obliga a la prevención de riesgos laborales a adaptar su normativa para identificar posibles carencias en la aplicabilidad de nuevos modelos de trabajo.
Asimismo, se incorpora la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, a la vez que se refuerza la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.
En este sentido, se ha identificado también, que existen determinadas ocupaciones o actividades en las que las mujeres corren más riesgo que los hombres de sufrir daños asociados a la actividad profesional.
Es por ello por lo que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.
