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Cuenta atrás para las empresas que quieran evitar la liquidación

Liquidación empresas deudas

Cuando restan menos de dos meses para cerrar el año, las empresas con dificultades tienen cada vez menos tiempo para encontrar socios o convencer a los acreedores de que capitalicen su deuda. 

Exactamente hasta finales de febrero, a contar cuatro meses como tiempo límite para aquellas compañías que están en causa de disolución o prevén estarlo para este fin de año. Una situación que suelen vivir miles de empresas durante esta época. 

Causa de disolución 

Según la Ley de Sociedades de Capital, la causa de disolución se da cuando, a causa de las pérdidas, los fondos propios se han situado por debajo de la mitad del capital social. Un hecho que en los últimos dos años no ha tenido consecuencias. 

Y es que después del plazo de dos años que concedió el Gobierno a consecuencia de la pandemia, donde se suspendió la obligación de los administradores sociales de restablecer el equilibrio patrimonial, se pensó que los beneficios por apostar por la continuidad de las empresas ayudarían a compensar sus pérdidas. 

No ha sido exactamente así. Con carácter general, los beneficios de este año son más bien escasos, unido a una recuperación de las ventas relativa, con una inflación que ha estrechado los márgenes de las empresas que están experimentando un crecimiento de los costes financieros.  

Ahora, las alternativas pasan por acudir a los socios actuales u otros nuevos, o bien capitalizar una parte o toda la deuda de los acreedores. Suele ser la opción básica para la mayoría, aunque muchas otras apuestan por acometer planes de reestructuración o solicitar concursos de acreedores. 

Una decisión donde entra de lleno la reforma de la ley concursal, vigente desde finales de septiembre y que abre nuevas posibilidades para las empresas insolventes o en riesgo de serlo, como son los planes de reestructuración.  

Recordemos que, a diferencia de la gestión clásica de los concursos, en los que el deudor y los acreedores estaban en bandos distintos, con estos planes se pueden resolver los problemas de liquidez y de solvencia al mismo tiempo dando entrada a determinados grupos de acreedores en el capital. 

En manos de Hacienda 

El caso es que, si nos fijamos en plano europeo, la UE ya aprobó en 2019 una nueva directiva que tenía por principal objeto introducir estas herramientas de diagnóstico (alertas tempranas) e instrumentos preconcursales para evitar las insolvencias en sus fases previas. 

Con la pandemia cambiándolo todo, los planes de reestructuración pasaron a un segundo plano y con la intención de que las empresas se pudieran recuperar y evitar su cierre, se atuvieron a la obligación de presentar concurso de acreedores, la llamada ‘moratoria concursal’, además de autorizar la ampliación de los periodos de carencias de las líneas de crédito y préstamos avalados por el ICO. 

Una línea de avales que supuso la mayor intervención de la economía en la historia moderna de España, con la principal consecuencia de la transformación de los balances de las compañías, que pasaron a estar controladas, indirectamente, por los pasivos avalados por el ICO. 

Ya durante este año, se aceleraron los trabajos parlamentarios para hacer coincidir la nueva reforma concursal impuesta por la directiva europea, con el final de la moratoria concursal y el fin de las carencias de los créditos ICO. 

El caso que la reforma no entró en vigor hasta finales de septiembre, con una Disposición Adicional Octava, que pone en manos de la Agencia Tributaria la posibilidad de que los préstamos puedan ser afectados por los Planes de Reestructuración. Lo que supone el control de la mayoría de los pasivos financieros de las empresas del país: unos 110.000 millones de euros. 

Queda por ver cómo va a actuar Hacienda ante la avalancha de reestructuraciones que se avecinan en los próximos meses. Hasta ahora la Agencia Tributaria se ha opuesto sistemáticamente a la aprobación de convenios concursales gravosos.  

Lo que está claro es que el impacto en la economía nacional de los planes de reestructuración y la posición que Hacienda contraerá con los agentes del mercado prometen cambiar las reglas del juego.