Pronto se cumplirá un año del acuerdo del Consejo Europeo que, en plena pandemia, estableció la creación de un instrumento de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) con unas ayudas a los estados miembros de 750.000 millones de euros.
El objetivo de este acuerdo, llevado a cabo el 21 de julio de 2020 no es otro que contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la COVID-19 y de paso, contribuir a que la Europa post-pandemia sea más ecológica, digital y resiliente.
De los 750.000 millones de euros del plan, más de 140.000 millones van dirigidos a España. Una inyección económica que representa más del 11% del PIB de nuestro país. Actualmente, los Estados miembros siguen trabajando en sus Planes de Recuperación y Resiliencia para acceder a los fondos que el Gobierno de España ya ha solicitado.
¿Cómo se van a canalizar las ayudas?
Una vez que la evaluación del organismo comunitario dé el visto bueno a los informes de solicitud, los fondos se transferirán a los Estados miembros a través del presupuesto de la UE para apoyar las prioridades de inversión y reforma.
Estas ayudas aprobadas se harán efectivas en el período 2021-2024, pero según la normativa aprobada, se deben comprometer el 70% del total en el ejercicio 2021-2022. En el caso de España los más de 140.000 millones se reparten entre los 72.700 millones que van para subsidios y transferencias a fondo perdido y otros 67.300 millones en préstamos.
Una vez lleguen los fondos de la UE, el Gobierno canalizará las ayudas a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos a través de convenios y subvenciones, que deberán estar vinculadas con los cuatro ejes prioritarios impulsados por la Unión Europea: transformación digital, transición ecológica, cohesión social y territorial e igualdad.
Según ha anunciado el Gobierno, se pretende concentrar el esfuerzo de movilización de los más de 70.000 millones en transferencias en los primeros tres años (2021-23), para maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía. Posteriormente, solicitaría los préstamos para complementar la financiación de los proyectos en marcha.
Además de las administraciones; las empresas, asociaciones y ONG´s pueden también solicitar algunos de estos fondos. Los diferentes ministerios lanzarán próximamente las convocatorias para la presentación de proyectos, dependiendo de los diferentes sectores y temas demandados.
Criterios de asignación
El Gobierno ha recordado que solo se financiarán gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.
Esto puede abarcar un amplio abanico de inversiones en capital humano (educación, formación, salud o protección social); capital fijo (infraestructuras, I+D+i) y capital natural (fuentes de energía renovable, protección del medio ambiente o adaptación al cambio climático, entre otras).
En cuanto a la digitalización, las empresas han advertido que se trata de un proceso muy amplio que no sólo requiere de implementar estrategia, sino de reinventar el proceso de las organizaciones con estas herramientas.
Según comentan desde la Asociación Española de Directivos (AED), el ecosistema de las pymes es vital para nuestra economía, por ello los fondos europeos tienen que suponer “una palanca de recuperación sostenida en el tiempo” que debe relanzar la productividad y la inversión.
La crisis de la COVID-19 ha planteado un desafío de proporciones históricas para la UE. Las medidas de emergencia adoptadas por la comunidad europea suponen ahora, una expectativa muy importante de mejora para las organizaciones, que quieren salir de la crisis fuertes y renovadas.
