Si bien es cierto que cada vez un porcentaje más elevado de jóvenes optan por emprender al finalizar sus estudios (alrededor del 25% según el proyecto GUESSS), también hay otro 21% que opta por opositar (según FIEP).
En esta última opción, la carrera judicial y fiscal representa una de las más duras de la Administración. Una oposición que, debido a su nivel de dificultad, requiere una dedicación en exclusiva a lo largo de los cuatro a seis años de media que se tarda en sacar esta plaza.
Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial en cada ejercicio anual se presentan más de 4.000 aspirantes. Una opción, por tanto, reservada solo a aquellos que cuenten con un respaldo familiar económico.
Al menos, esa era el escenario hasta ahora. El Ministerio de Justicia ha creado unas becas para las familias con menos recursos con un objetivo: democratizar el acceso a las carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al de Abogacía del Estado.
Como decimos, la concesión de estas ayudas, cuyas bases reguladoras se publicaron el pasado 2 de mayo en el BOE, vendrá determinada principalmente por el nivel de renta de quien las solicite. El programa contará con una dotación de más de 1,6 millones de euros, que se traduce en un importe de 6.600 euros anuales por persona.
245 becas de carácter anual
En total, se ha anunciado la introducción de 245 becas con periodicidad anual y podrán renovarse hasta en tres ocasiones. De estas, 173 serán destinadas a opositores aspirantes a las carreras Judicial y Fiscal, 60 a los candidatos al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y 12 para la preparación de abogados del Estado.
Las ayudas al estudio irán directas a los beneficiarios para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Para ello, será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.
La intención del Ejecutivo, según anunciaba la ministra Pilar Llop en la presentación del programa de becas, es facilitar el acceso a estas profesiones jurídicas “a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica”.
La titular de Justicia se refiere al elevado coste que, según las últimas encuestas realizadas por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), supone para estos profesionales y sus familias sacar la oposición. Por ello, se ha introducido como criterio principal de concesión el de menos renta familiar.
Según el informe del CEJ, de todas las personas que aprobaron la carrera fiscal de las últimas cuatro promociones, el 84% se dedicó en exclusiva al estudio de la oposición, con una media de 9,7 horas diarias de estudio, y durante un plazo medio de cuatro años y cuatro meses. Una cifra que, en el caso del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, asciende al 90%.
Compromiso con la igualdad
Dentro de la presentación del programa de becas, se ha reflexionado sobre la situación de los mecanismos de acceso a la función pública para adaptarlos a la sociedad actual de cara también al compromiso con la igualdad de oportunidades.
Llop también se ha referido a la transformación digital en la que está inmersa la Administración de Justicia, que permite, según ha explicado, que esta preparación pueda impartirse en régimen de semipresencialidad, reduciendo la brecha territorial.
Desde el CEJ han explicado cómo ha sido el proceso para diseñar y constituir este programa de becas, en el que se ha trabajado de forma paralela y simultánea en tres ámbitos de actuación: el normativo, el digital y el de recursos humanos.
En este sentido, destacan la importancia que en este proceso ha tenido la colaboración, tanto entre unidades dentro del Ministerio de Justicia, como con otros ministerios y órganos que han prestado su orientación y ayuda, como es el caso del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o la Secretaría General de la Administración Digital.
