Como dice el proverbio “No solo hay que ser honesto, sino también parecerlo”. Y esta frase, trasladada al ámbito empresarial, está en proceso de convertirse en realidad.
Si ya las grandes empresas estaban obligadas, desde el ejercicio 2018, en virtud de la Ley 11/2018, de información no financiera, a presentar el EINF para incluir cuestiones sociales, de respeto de los derechos humanos, relativas al personal laboral, cuestiones medioambientales y de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, esta obligación aplica también a partir de este ejercicio a las empresas de más de 250 trabajadores.
Esto supone un avance muy importante hacia una concepción más social y sostenible de la actividad de las empresas, al margen de sus resultados financieros. Con el EINF se amplía la información declarada en el Informe de Gestión en las Cuentas Anuales de cara a aumentar la confianza de posibles inversores, consumidores y otros grupos de interés.
No obstante, esta obligación supone un nuevo reto para las empresas ya que muchas de ellas deberán estrenarse en este informe, por lo que se necesita establecer internamente un procedimiento de recopilación de datos y de auditoría de los mismos.
Principales obstáculos para las empresas
“Uno de los principales inconvenientes que se encuentran las empresas a la hora de elaborar este informe, es la falta de control y seguimiento de las actividades que realizan”, señala Patricia Rodríguez, directora del área contable y fiscal de GD Asesoría Barcelona.
Por poner algunos ejemplos, indica Rodríguez, “a menudo nos encontramos con compañías que ven la formación de los trabajadores como una cuestión prioritaria y en la que invierten muchos recursos, pero sobre la que no llevan ningún tipo de registro. Otras compañías elaboran planes y políticas internas o de contratación con proveedores, pero sobre las que no realizan un seguimiento de implementación y aplicación de las mismas”.
La experta advierte de que esta falta de control se traduce en que, en el momento de plasmar todas estas actividades en el informe, no encuentran la forma de recopilar la información para cuantificarlas.
“El EINF no es un documento de declaración de intenciones, es un informe en el que se debe indicar, de forma detallada y numérica, una información que posteriormente será verificada por un Experto Independiente, al que habrá que aportar la documentación que él considere oportuna y que soporte todo aquello que se indique en el mismo”, concluye.
Aplicación de Responsabilidad Social Corporativa
El EINF debe reflejar el impacto de una actividad empresarial respecto a las cuestiones anteriormente citadas, pero también la información sobre las iniciativas relativas al propio personal, incluidas las que tienen que ver con favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad, o la accesibilidad universal.
Una vez realizada la descripción del modelo de negocio, habrá que informar de los riesgos vinculados a cada uno de estos aspectos, informar de las políticas que aplica la organización, e indicar los resultados de las políticas implementadas.
Cada departamento de la empresa deberá facilitar los datos, tanto cualitativos como cuantitativos y en base al marco de referencia indicado, sobre los asuntos que se hayan determinado como materiales: su alcance, grado de implementación, metodología, procedimientos o cálculos. Todo ello con el soporte de documentación justificativa que avale que el contenido del informe es cierto.
El EINF se podrá presentar dentro del Informe de Gestión, o bien como un informe separado. En cualquier caso, los administradores de la sociedad serán los responsables de la veracidad de la información.
La RSC en las empresas del IBEX 35
Según el último estudio elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2019, que analiza la adecuación técnica de las empresas del IBEX 35 a través de sus memorias de sostenibilidad y otros documentos, el sector mejor posicionado es el de Petróleo y Energía (Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy, REC y Repsol) con una valoración media de 38,87 puntos (37,58 en 2018).
El resto de los sectores se sitúan en un rango de puntuaciones entre 32 y 35 puntos, siendo el de menor puntuación el de Servicios de consumo (AENA, IAG, Mediaset y Melià) con una valoración media de 32,92 puntos sobre 100.
En cuanto a la gestión de los conflictos de interés, estas empresas facilitan más y mejor información, siendo la información con relación al Lobby y la incidencia la que menos información precisa.
En el ámbito general, las dos empresas que han publicado la mayor cantidad de información no financiera hasta la fecha son Bankia y Endesa, seguidas de cerca por Telefónica.
Objetivos verdes para acceder a la retribución variable
Uno de los mejores ejemplos para el impulso del EINF es de la retribución variable, un bonus que hasta hace unos años dependía de cuestiones económicas como alcanzar un determinado nivel de beneficios o impulsar en Bolsa el valor de mercado de la compañía.
La concienciación medioambiental y la responsabilidad empresarial con sus objetivos verdes, ha llevado a ejercer presión por parte de grandes fondos de inversión para que, a partir de estos nuevos criterios, los consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección puedan cobrar sus bonus. De hecho, grandes empresas como Telefónica propondrán un plan de incentivos en este sentido, que tengan que ver con la descarbonización económica, por ejemplo.
Según un estudio de la empresa Informa, a principios de 2020 existían en España un total de 29.996 grandes empresas activas (250 trabajadores o más), mientras que los últimos datos ofrecidos por el INE y correspondientes al periodo del año pasado, señalan que existen 2.212 empresas con más de 500 trabajadores.
Conviene destacar, que el tejido empresarial español se ha venido caracterizando por el predominio de las microempresas que constituían el 94,48% de las empresas antes de la pandemia, unos datos que se han visto profundamente transformados tras la desaparición en los últimos 12 meses de más de cien mil empresas con al menos un asalariado.
En este sentido, al contrario que las pymes, las grandes empresas se han visto beneficiadas por la pandemia con el incremento de su cifra de ocupados en casi 150.000 personas durante 2020, una cifra que contrasta con el medio millón de trabajadores que han perdido las microempresas.
