Los ministros encargados de los asuntos económicos y financieros de la UE, conocidos como Ecofin, se encuentran en la fase final de negociación para llegar a un acuerdo sobre la revisión de las normativas fiscales en el marco europeo.
Estas normativas, que estuvieron congeladas durante cuatro años debido a la pandemia, se proponen nuevamente para imponer límites a la deuda y al déficit, cuyo acuerdo se espera alcanzar en los próximos días.
Más inversión para reformas estructurales
Fuentes dentro de la comunidad europea sugieren que la reunión podría tener lugar a últimos de mes, y se espera que el acuerdo pueda lograrse mediante un procedimiento escrito, según lo indicado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
La propuesta actualmente sobre la mesa es el resultado de un compromiso elaborado por Francia, Alemania, Italia y la presidencia española. Los Estados miembros se han comprometido a examinar esta propuesta, la cual tiene como objetivo considerar el impacto del aumento de los tipos de interés durante el período entre 2025 y 2027.
Esto se hace con el propósito de proporcionar el espacio necesario para continuar invirtiendo y llevar a cabo reformas estructurales. Una propuesta, que, según los expertos, conserva el espíritu de la original del Ejecutivo comunitario.
Esta incluye una reducción anual del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para los países con una deuda que supere el 90%, como es el caso de España. Además, plantea un ajuste anual del 0,5% para los Estados miembros con una deuda situada entre el 60% y el 90%.
También se introduce un colchón fiscal para los países con bajos déficits, pero una alta deuda. En este sentido, se les pedirá que reduzcan el déficit para mantener un margen entre el 2% y el 1,5% por debajo del límite del 3%, con el fin de contar con espacio para hacer frente a posibles "shocks" económicos.
Adicionalmente, se requerirá a los países que superen el valor de referencia del 3% de déficit que se sometan a un procedimiento de déficit excesivo (EDP), una senda de gasto neto corrector coherente con un ajuste anual mínimo de al menos el 0,5% del PIB.
