Los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, por sus respectivos flancos, han llegado a un consenso en sus posturas de negociación sobre nuevas normativas de ciberseguridad.
El objetivo acordado es establecer ciertos requisitos para todos los productos digitales de la Unión Europea con un reglamento que será pertinente a todos los productos que se vinculen, de manera directa o indirecta, a otros dispositivos o redes.
Productos conectados en la red
Así, tanto los 27 como la Eurocámara, están preparados para debatir un conjunto de reglas de ciberseguridad para productos enlazados en red que afectará al diseño, elaboración, fabricación y venta de productos de hardware y software.
Después de la propuesta de la CE de Ley de Datos en la que busca fijar normas sobre quién puede utilizar los datos generados en la UE en todos los sectores económicos y acceder a ellos, la ciberseguridad se enfrenta a nuevos desafíos que se quieren acotar con la unificación de criterios.
Se busca, de este modo, establecer un estándar uniforme de seguridad en toda la UE, evitando la redundancia con las distintas reglamentaciones actuales en los países miembros. Como excepción, se toman en cuenta productos que ya están regidos por normas existentes, como los productos de salud, la aviación o los automóviles.
Por su parte, los países miembros buscan modificar el alcance del proyecto legislativo en lo que concierne a las categorías de productos, y asignar responsabilidad a las agencias nacionales en relación con la notificación de vulnerabilidades o incidentes.
Los miembros del parlamento buscan una definición más exacta, plazos viables y una distribución más equitativa de las responsabilidades al aplicar la normativa. Además, proponen ampliar la lista de productos sujetos a la reglamentación para incluir software de sistemas de gestión de identidad, administradores de contraseñas, lectores biométricos, asistentes de hogar inteligentes, relojes inteligentes y cámaras de seguridad privadas.
Una vez que los Veintisiete tienen una postura unificada y la Eurocámara ha acordado su postura negociadora, la presidencia española del Consejo (que se alargará hasta fin de año) iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la versión definitiva de la legislación propuesta.
