El proyecto de Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres ha sido aprobado por el Gobierno para su remisión al Congreso, lo que da pie a la conversión de una norma que garantizaría la paridad en todos los ámbitos.
Desde la política, pasando por la administración y las empresas, también ampliaría su alcance a los constitucionales y de relevancia constitucional. La pregunta es si va a ser realmente viable a ojos de los órganos de decisión.
El Tribunal Constitucional advierte de su imposibilidad
Recordemos que la norma tiene como meta cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, basado en garantizar a las mujeres las mismas oportunidades que los hombres en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.
En concreto, el nuevo texto extiende los objetivos de paridad y participación equilibrada, garantizando que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%, ampliando su alcance al Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Precisamente y a tenor de su tramitación, el informe sobre este anteproyecto en órganos de decisión aprobado por el CGPJ advierte de que resulta "imposible" aplicar la paridad en el Tribunal Constitucional (TC) o el Consejo Fiscal por el modo en que se elige a sus miembros.
En el borrador aprobado se avisa de que el TC, compuesto por doce magistrados nombrados por el rey motiva que no parezca una norma realizable por lo que, el informe sugiere que, dada la imposibilidad de cumplir con esa proporción, se fije en el 50% de cada uno de los sexos.
Normas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
Se trata de una iniciativa que continúa la senda trazada por la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, transponiendo una directiva europea del pasado año, con lo que nuestro país busca asumir una posición de liderazgo en este sentido.
Ahora que acaban de celebrarse los comicios en los gobiernos autonómicos y locales, conviene destacar que esta nueva norma modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las llamadas listas cremallera.
Se trata de candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas o municipios, entre otros.
En el terreno laboral, el proyecto de ley incorpora el mencionado principio de representación equilibrada a distintos ámbitos de la sociedad civil, especialmente el empresarial. Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración en España se sitúa en el 29% y se limita a menos del 20% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).
Por ello, si la nueva normativa ve la luz, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros deberán tener una composición acorde con este principio.
