No cabe duda de que distribuir miles de millones de euros europeos representa un desafío considerable que implica estructurar programas, promocionarlos, asignarlos y garantizar que se realicen siguiendo los estrictos estándares de regulación europea.
Esta inversión puede prolongarse por años. De hecho, todos los países miembros enfrentan obstáculos para materializar las inversiones del Plan de Recuperación europeo antes de la fecha límite de 2026.
Fondos por proyectos sin finalizar
No obstante, la Comisión Europea ha hallado una manera de flexibilizar este proceso. La normativa de la UE sobre el mecanismo de recuperación dicta que los fondos deben ser transferidos a una entidad que los administre.
De esta manera, se sugiere que los recursos pueden ser otorgados a una empresa, incluso si es pública, bajo el acuerdo de que será responsable de su gestión. Así, se podría entregar el dinero a las entidades estatales antes de 2026, y estas tendrían una ventana más amplia para su ejecución posterior a ese año.
Esto significa que el Gobierno español puede emplear a empresas públicas como medio para extender el plazo del fondo de recuperación, que cuenta con 160.000 millones de euros europeos, mitad en subvenciones y la otra mitad en préstamos a 10 años.
Fuentes gubernamentales indican que estas empresas deben seguir directrices específicas, como tener finanzas saludables, progresar en proyectos y garantizar la inversión antes de recibir los fondos europeos.
Esta estrategia será común para todos los países miembros. A nivel formal, la inversión se considera completa al transferirse a la entidad para un propósito concreto. Posteriormente, se realizarán auditorías para asegurar el cumplimiento de las inversiones prometidas.
Bajo la influencia de los Perte
Este método será crucial para los proyectos estratégicos denominados Perte. Por ejemplo, el relacionado con renovables, hidrógeno y almacenamiento (Ehra) tendrá una inversión de 10.000 millones, todos en subvenciones. Otros proyectos como el Perte chip y el vehículo eléctrico también recibirán inversiones sustanciales.
Como decimos, el objetivo es otorgar flexibilidad y más tiempo a los proyectos de gran envergadura. Esto es que, si bien los recursos pueden asignarse en 2025, en ningún caso se podrá repartir el dinero más allá de 2026
Bajo este enfoque, se utilizará ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que pasará a ser una entidad estatal y liderará el plan de descarbonización industrial con ciertas asignaciones financieras además de administrar fondos para el vehículo eléctrico.
A pesar de estos detalles, ni el Gobierno ni la Comisión Europea han hecho aclaraciones sobre las 52 modificaciones en el Plan de Recuperación a raíz de los retrasos y solo se limitan a indicar que la mayoría de las alteraciones se deben a incrementos de precios y problemas en el suministro.
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