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Empresas por 1 euro: nuevo capital mínimo para autónomos

Creación empresas

La futura Ley de creación y crecimiento de empresas (actualmente en fase de Anteproyecto de ley, cuyo Informe ya ha sido aprobado), permitirá la creación de empresas por 1 euro como capital mínimo y de manera digital, mediante una reforma del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que eliminaría el requisito actual de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

Ley de Creación y Crecimiento de Empresas

El objetivo de esta norma es dar un paso hacia adelante en la creación de empresas, así como fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial. Con esta Ley el proceso para crear una empresa será mucho más fácil.

Según indica el objeto de ley, el proyecto establecerá “un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas y el apoyo financiero al crecimiento empresarial”.

Esta nueva medida pretende reducir el coste de creación de empresas, lo que promoverá a su vez la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos, alineando la normativa española con la de los países con regímenes más favorables para el emprendimiento.

Hacia una completa digitalización

En un contexto crecientemente digital, es necesario establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital, lo que a su vez obliga a los Estados miembros a que una SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) pueda registrarse online en su totalidad en un plazo máximo de 10 días.

Asimismo, introduce otras medidas, como las dirigidas a garantizar que las sociedades mercantiles puedan presentar la información al registro mercantil en formato electrónico, o la obligación de que los registros estén en disposición de responder al requerimiento del registro de otro Estado miembro sobre la inhabilitación de un particular para ejercer como administrador.

A su vez, como elementos esenciales señalan “la eliminación de obstáculos innecesarios, desproporcionados o discriminatorios al acceso y ejercicio de actividades económicas y la libertad de establecimiento y circulación en todo el territorio para promover la creación y el crecimiento de las empresas”.

Medidas para combatir la morosidad en pymes

La nueva norma incluye medidas para potenciar la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que constituye una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas pymes españolas. Para logarlo, la nueva ley recoge como medida estrella la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales. También se incorporan incentivos para la reducción de los periodos medios de pago.

Mejora de la regulación

Economía propone igualmente una mejora de la regulación tras identificar cuestiones "susceptibles de mejora" en relación con:

  • La aplicación de los mecanismos de protecciónde operadores gestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, relativas a los plazos o la coherencia con el sistema ordinario de recursos, entre otros;
  • El apoyo financieropara impulsar la financiación privada para la creación de 'startups' y el proceso de 'scale up', así como de impulso de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), de mayor interés para las pymes.
  • Otras reformas: la eliminación de barreras regulatorias para el crecimiento empresarial y la creación de incentivos para que las pymes y los autónomos decidan apostar por el crecimiento de su negocio.

No obstante, la Ley de impulso empresarial viene a constatar un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas; estas últimas obligadas a veces a aceptar unos plazos de pago más largos ante el temor de perder clientes potenciales.