La problemática del cambio climático, junto a la inteligencia artificial, se configura como uno de los desafíos primordiales para las empresas en los próximos años. Y es que, más allá de las obligaciones de información sobre sostenibilidad, estas tratan de ofrecer una imagen de cumplimiento proactivo de estas medidas.
Términos como sostenibilidad y ASG/ESG son cada vez más comunes y forman parte integral de la terminología incorporada al marco regulatorio que rige las operaciones empresariales en diversos sectores y jurisdicciones. ¿Está surgiendo efecto?
Riesgo de litigación
Aunque el riesgo de demandas por cambio climático ya era una realidad para algunas empresas, especialmente aquellas vinculadas a la producción de combustibles fósiles, el aumento de la conciencia climática está generando ciertos conflictos.
El entorno normativo complejo y de rápido cambio implica que incluso empresas que hasta ahora parecían no estar expuestas a ciertos riegos, deben afrontar el riesgo de litigación climática.
Las siglas ASG/ESG se refieren a un conjunto de aspectos que las empresas deben tener en cuenta en la gestión de sus operaciones. Específicamente, abordan cuestiones ambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su impacto.
El cumplimiento de estos requisitos se convierte en una obligación para los administradores, quienes deben considerarlos en sus decisiones empresariales. Además, deben rendir cuentas ante acreedores, inversores, accionistas y clientes, ya que la explicación de cómo se alcanzarán dichos objetivos también afecta a estas partes.
Más allá de las obligaciones de información sobre sostenibilidad impuestas por normas imperativas, las empresas buscan proyectar una imagen de cumplimiento proactivo de medidas ambientales.
Sin embargo, esto conlleva el riesgo creciente de ser acusadas de "greenwashing", lo que no solo implica un escrutinio normativo y posibles reclamaciones, sino también riesgos reputacionales.
El potencial de litigios relacionados con el cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental en el contexto del cambio climático es significativo y está en aumento, duplicándose desde 2017 si atendemos a los datos recogidos en un estudio global de la Universidad de Columbia.
A pesar de la creencia generalizada en nuestro país de que este tipo de reclamaciones no son comunes, este estudio registra 17 resoluciones judiciales en tribunales españoles. Si bien la mayoría de ellas se dirigieron contra la Administración, también se incluye la demanda de tres ONG contra el Gobierno por considerar insuficientemente ambiciosos los objetivos de reducción de emisiones para esta década, la cual fue desestimada por el Tribunal Supremo.
