Para reforzar el control sobre una determinada acción hace falta implementar una mayor vigilancia y eso es lo que quiere hacer el Gobierno con los planes de empleo colectivos asociados a empresas.
Se trata de analizar las contribuciones empresariales de cara a poder contrastar y comprobar que las empresas no defraudan y aplican correctamente las reducciones de cotizaciones sociales, y otras compensaciones, por invertir en la previsión de sus empleados.
Preámbulo de la reforma de las pensiones
De la misma forma que el Gobierno cambiaba el pasado año la ley tributaria para vigilar a las empresas, la Seguridad Social pedirá ahora información a las gestoras de planes de empleo sobre las contribuciones de las compañías para fiscalizar las reducciones de cotizaciones.
Así se regula, de hecho, en el Real Decreto Ley de la reforma de las pensiones, aprobado en marzo, con una polémica y fuerte subida de las cotizaciones sociales para las empresas y los trabajadores, con el fin de financiar el sistema de pensiones hasta el año 2050.
Según esta normativa, las empresas tienen derecho a una reducción mensual de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, exclusivamente por el incremento en la cuota que derive directamente de la aportación empresarial al plan de pensiones.
Así se explica en el preámbulo del RDL, que especifica que las compañías tienen la obligación de informar sobre las contribuciones empresariales, con un reflejo mensual que aporte datos sobre los planes de empleo y las reducciones de cotizaciones sociales.
Cambios fundamentales
Por ello, la medida de que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social refuercen el control de las contribuciones a las empresas exigiendo toda la información a las gestoras de los planes de empleo supone un cambio en este punto de la Ley General de la Seguridad Social.
Hasta ahora esta información se exigía sólo a las empresas y otras promotoras de los planes de empleo. Pueden ser también colegios profesionales, agrupaciones sectoriales o asociaciones de autónomos, entre otras muchas entidades.
Sin embargo, a partir de este momento la administración exigirá esta información a la gestora de estos planes, por lo que la administración podrá contrastar la información recibida de las empresas, cuando se apliquen las reducciones de cotizaciones sociales y otras ventajas, con la que pueda recibir de la gestora.
Así, la administración comprobará si hay fraude, o mala aplicación, en la reducción de las cotizaciones sociales por parte de las empresas. Recordemos que, el objetivo de la Ley de empleo recientemente aprobada es equiparar la tasa de desempleo global (13%) con la de los más jóvenes, ya que la cifra de paro juvenil es el doble que la general, con cerca de un 30%.
