El 69% de los 6.000 gestores administrativos, que representan a más de un millón y medio de autónomos y un millón de empresas en toda España, sostiene que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas están imponiendo una creciente carga normativa, sin proporcionar los recursos ni el conocimiento necesarios para su cumplimiento.
Así lo ha denunciado el Consejo General de Gestores Administrativos y del Colegio de Madrid en una jornada organizada en colaboración con la patronal CEOE, bajo el título: "¿Cómo impacta la presión normativa, económica, fiscal y laboral en las empresas? Una perspectiva sobre el futuro de nuestros negocios".
Una ley cada diez minutos
Según datos del Banco de España, en los más de 40 años de la actual etapa democrática se han promulgado 414.000 leyes de diversas índoles por parte de todas las Administraciones Públicas.
Unas cifras que equivalen a una media de 9.600 leyes al año, aproximadamente 44 leyes por día laborable y casi seis leyes cada hora de trabajo, lo que significa una nueva ley cada diez minutos.
En este sentido, los gestores han expresado su descontento con el nuevo sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), destacando que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) busca obtener los datos de rendimientos netos reales de los autónomos a principios del año.
Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los requiere al 30 de junio, generando una complejidad adicional en la gestión para los afectados.
En cuanto a las entidades financieras, se solicitan precierres a finales de año, cierres provisionales en la primavera y cierre definitivo, llevando a la percepción de que autónomos y empresarios trabajan principalmente para los bancos y la Administración, por lo que se ha elaborado una propuesta de un mayor entendimiento entre ambas partes.
Durante la jornada, se llegó a un consenso unánime sobre la necesidad de que el marco normativo, fiscal y social fomente la inversión empresarial como impulsor para mejorar la productividad, el empleo y el nivel de vida de los ciudadanos.
Se abordó también la disparidad legislativa entre las Administraciones y las empresas, donde se destacó que la Administración española precariza el mercado laboral y compite de manera desleal con el sector privado, afectando su capacidad de inversión, innovación y transformación para aumentar la competitividad.
Por último, desde la CEOE se destacó la importancia del diálogo social hasta ahora y se abordó la necesidad de calcular la presión fiscal solo sobre los contribuyentes, así como el papel fundamental de los gestores administrativos en la relación entre el tejido empresarial y las Administraciones.
