El anteproyecto de ley que establece el marco para la información corporativa relacionada con el medio ambiente, la responsabilidad social corporativa (RSC) y la gobernanza de las empresas, ha sido abierto a audiencia pública con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias.
Según esta normativa, las compañías deberán proveer información referente al medio ambiente, los derechos humanos o la forma en que sus actividades están relacionadas con aquellas consideradas como sostenibles.
Planes estratégicos
Las acciones que marcan un buen plan estratégico de RSC incluyen un buen modelo de negocio, objetivos, órganos de administración, políticas, procedimientos de diligencia debida, cadena de valor, principales riesgos e indicadores, alineándose con los principios previstos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera.
Y es que, toda empresa cotizada y entidad financiera deberá cumplir con esta nueva normativa, excepto aquellas microempresas que tengan activos por debajo de 350.000 euros, una cifra de negocios menor a 700.000 euros o menos de 10 trabajadores.
Además, la implementación de la norma será gradual con un periodo de adaptación escalonado, aunque muchas empresas ya están acelerando para integrar la sostenibilidad en su estrategia.
Desde sus inversores y accionistas hasta los consumidores, la sociedad espera más que nunca que las compañías contribuyan a la descarbonización de la economía, en línea con un Perte aprobado para este año que prevé una inversión pública de 3.100 millones de euros con el objetivo de neutralidad climática en 2050.
El desafío de la transformación
Conscientes de que integrar la sostenibilidad en su estrategia ya no es una opción, sino una obligación, las empresas están cada vez más concienciadas y como decimos, están llevando a cabo una serie de acciones para lograrlo.
Sin duda, un desafío para aquellas organizaciones que deben atravesar también una profunda transformación dentro de sus equipos, que deben prepararse para dar respuesta a la creciente exigencia de información.
En este sentido, una de las principales dificultades que afrontan las empresas es también la complejidad de la normativa y la falta de homogeneidad en algunos aspectos, ya que no existen estándares comunes ni un marco de referencia claro en materia de sostenibilidad como sí ocurre en el caso de la información financiera.
Por ello, la reciente aprobación de la nueva directiva que estandarizará los reportes de sostenibilidad en Europa tiene el objetivo de reforzar las normas sobre la comunicación de este tipo de información.
Recordemos que uno de los objetivos que persigue la Comisión Europea con la nueva directiva es acabar con las prácticas de greenwashing, ya que la falta de indicadores transparentes y homologados provoca que sus riesgos sean mucho más elevados.
Por último, la CNMV ha identificado algunas tendencias a partir de los datos aportados por las compañías. Así, en la información relacionada con la huella de carbono, se observa que prácticamente el 100% de las empresas reportan ya datos de las emisiones de alcance 1 y 2, pero apenas el 70% lo hace con las de alcance 3.
Esto quiere decir que aún existen márgenes de mejora en las emisiones indirectas y también en otros ámbitos como la brecha salarial de género. Los expertos opinan que, en el caso del sector financiero, esta es una gran oportunidad para movilizar la gran inversión que hace falta para financiar las actividades sostenibles.
