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Respaldo a la futura Ley de Eficiencia Digital

Ley de Eficiencia Digital

El anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia ha dado un paso importante con la aprobación por unanimidad del informe que la justifica, por parte de sus principales benefactores, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

El órgano de gobierno de los jueces advierte, no obstante, de que el texto incide en el progresivo desapoderamiento de competencias del Consejo en esta materia, una tendencia que viene observándose desde 2015, con la aprobación de normas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Potestad “difuminada” del Poder Judicial 

El principal reclamo del Pleno del CGPJ es que sus funciones no sean restringidas en el marco tecnológico que se diseña en el anteproyecto, dando “preeminencia a una difusa Administración de Justicia y a organismos incrustados en ella” alegan, como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), al que se atribuyen numerosas e importantes funciones a la hora de implementar estas medidas. 

Como ya detallábamos, la nueva normativa constituye una de las bases digitales para el Plan Justicia 2030, de cara a transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente y moderno para el futuro. 

El texto aprobado ahora, cita además otros ejemplos a tener en cuenta como la ausencia de la facultad del CGPJ de proveer de firma electrónica a los jueces y magistrados o la autorización del Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, del acceso a los sistemas de información por los órganos del CGPJ, con competencias de inspección y control. 

Una serie de advertencias que se unen al dictamen de la “invasión de la competencia reglamentaria”, que según el CGPJ tiene que ver con aspectos de la norma referidos al funcionamiento de los órganos de gobierno de los juzgados y los tribunales.  

Al final, el órgano de los jueces pretende que se tenga en cuenta la necesidad de una regulación adecuada que no tenga por qué afectar a la independencia del Poder Judicial y al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Por ello, el informe respalda el objetivo último del anteproyecto, que no es otro que “adaptar la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo”. 

La CNMC advierte sobre crear barreras en la digitalización 

El Pleno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), por su parte, ha emitido un informe en el que valora positivamente el anteproyecto de ley, en el hecho de querer asegurar “un entorno jurídico y administrativo a la altura de los nuevos desafíos”.  

Pero advierte de que esta modernización no debe servir para crear barreras a quienes carecen de acceso al medio digital, ya que según exponen “es necesario asegurar que el avance de la digitalización no suponga una merma en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”. 

Esto es, tener en cuenta la dificultad de acceso a medios digitales para ciertos sectores de la población, ya sea por una cuestión de recursos o de formación y adaptación a las nuevas tecnologías.  

La Comisión, al igual que el CGPJ valora en última instancia el proyecto normativo en tanto que transpone las disposiciones de la normativa europea para “garantizar la existencia” de un procedimiento de constitución en línea para las sociedades y persigue “asegurar un entorno jurídico y administrativo a la altura de los nuevos desafíos económicos y sociales de la globalización”. 

Inteligencia artificial y Administración de Justicia 

Uno de los ámbitos que mayor atención suscita por parte de los órganos señalados es la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales. 

El futuro del sector jurídico, como tantos otros, pasa por promover una línea de actuación en este sentido. Siempre y cuando se cuente con una regulación “completa y garantista” en la que el CGPJ quiere jugar un papel determinante. 

Es por ello, que el órgano de gobierno de los jueces ha acordado en su informe introducir una nueva conclusión que señala que en el anteproyecto “se echa en falta la determinación de los criterios de utilización de la jurimetría y de la inteligencia artificial por parte de empresas y particulares a partir de bases de datos”. 

Por su parte, La CNMC ha planteado entre otras cosas, clarificar el alcance de la exigencia de geolocalización al emplear la sede electrónica notarial, ya que, de referirse a los usuarios dicha información podría ser utilizada para “promover o facilitar acuerdos de mercado según la localización geográfica de los clientes”, con el riesgo que ello conlleva.