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Reforma laboral: claves de una derogación “en coalición”

Reforma laboral

Llámelo derogación o llámelo reforma, que al final va a significar lo mismo. Era una de las grandes medidas que quería impulsar el Gobierno en esta legislatura. Tras acometer muchas otras reformas de gran calado en materia laboral (registro salarial, subida del SMI, ley del teletrabajo, registro horario, por nombrar solo algunas de ellas) le ha llegado el turno a la reforma laboral aprobada en 2012 por el Partido Popular.

Nueva reforma laboral

El Gobierno se ha comprometido “en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación” a esta "derogación" antes de que acabe el año, después de llegar a un acuerdo entre las partes, representadas en las figuras de las vicepresidentas primera y segunda.

La renovación de la legislación sobre el mercado de trabajo está también recogida dentro del plan de reformas enviado a Bruselas en el Plan europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la pandemia. El comunicado que ha hecho público el Ejecutivo destaca la temporalidad y la precariedad del empleo como las principales anomalías del mercado español, para las que hay que “disponer de herramientas en la negociación colectiva y establecer condiciones para la subcontratación”.

Pero ¿qué hay detrás de este acuerdo? Si analizamos las medidas y requisitos que, desde ambas partes, han ido puliendo a lo largo de estos meses, podemos hacernos una idea de los cambios que se quieren asumir en materia laboral.

Un mercado de trabajo del siglo XXI

Ha sido el término más descriptivo que ha utilizado el Gobierno para denominar y justificar los cambios que vienen; una legislación laboral "moderna" que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales del mercado de trabajo.

El enfrentamiento entre PSOE y Podemos aglutina varios puntos en los que las ministras de Economía y Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz respectivamente, difieren. Son la temporalidad, la subcontratación, la ultraactividad y los convenios sectoriales.

En síntesis, desde la cartera económica quieren que la CEOE se sume al acuerdo social al que han llegado con los sindicatos, algo que no sería posible si se aplicaran las normas que pretenden desde el Ministerio de Trabajo, que quieren derogar aspectos de la antigua reforma laboral.

Así, Calviño apuesta por simplificar los contratos y dar flexibilidad al mercado, mientras que la responsable de Trabajo ha abogado por limitar la temporalidad, cambiar los despidos por reducciones de jornada o dar prevalencia a los convenios sectoriales frente a los de empresa.

¿En qué consiste la reforma laboral?

Como decimos, el Gobierno había recogido en las últimas propuestas de reforma laboral la posibilidad de que se limitasen los contratos temporales a un máximo del 15% de la plantilla anual en todas las empresas. Sin embargo, según fuentes del diálogo social recogidas en El País, esta idea se ha retirado de la mesa de negociación.

En este sentido, la reducción en la temporalidad excesiva de los empleos pasaría por el objetivo de poder llegar a la media europea del 14% (en España, un 25,1% de los asalariados tiene un contrato temporal).

Asimismo, se pretende mejorar la regulación de la subcontratación, entre otras; y establecer un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas, siguiendo el modelo que ha dejado la experiencia de los ERTES.

La ministra de Trabajo ha incidido en las últimas semanas en la necesidad de que desaparezcan los llamados contratos de obra y servicio y se han propuesto reducciones de jornada de forma preferente a los despidos, así como establecer nuevos mínimos a las condiciones para la externalización del trabajo.

Yolanda Díaz ha confirmado que la nueva norma en la que trabajan Gobierno y agentes sociales no va a suponer cambio alguno en los días de indemnización por despido que su ejecutiva venía pidiendo tiempo atrás ya que, según ha reconocido la ministra "técnicamente no se puede derogar la reforma laboral del PP". 

Pacto para las negociaciones

Estas últimas semanas del año son decisivas para llegar a un acuerdo que permita ultimar los cambios de esta reforma, vigente los últimos nueve años. El Gobierno asegura que todos los términos están incluidos en el acuerdo de coalición, aunque las principales pretensiones de los sindicatos se han quedado fuera de la negociación.

Concretamente, las que se refieren a la bajada de la indemnización por despido y la eliminación de la autorización laboral de los despidos colectivos (expedientes de regulación de empleo), lo que los ha llevado a amenazar con movilizaciones si no se cumplen el resto de las medidas planteadas desde Trabajo.

Una negociación interna que ha llamado la atención incluso de la Comisión Europea, que antes del previsible acuerdo, pedía que la reforma laboral no perjudicara al dinamismo de las empresas españolas de cara a mejorar la negociación con los agentes sociales.