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La nueva Ley de ciencia dará más recursos a los investigadores

Ley de ciencia

Tras la aprobación del anteproyecto de Ley que va a modificar la normativa de 2011 referente a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Gobierno pretende fortalecer las capacidades del sector y mejorar su eficacia, coordinación y gobernanza, entre otras medidas. 

La norma introduce, además, reformas para dotar de más recursos y oportunidades al personal investigador de cara a lograr una carrera profesional pública más estable en el ámbito de la I+D+I. Lo analizamos. 

Nuevos derechos para la atracción de talento 

La recesión económica de la pasada década produjo una reducción muy acusada de la capacidad para retener y atraer el talento investigador en España. De hecho, se estima que entre 2011 y 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores y un elevado número de personas se vieron obligadas a establecer su carrera fuera de España. 

La reforma, que inicia ahora los trámites para convertirse en proyecto de ley, está orientada a cumplir tres demandas que pasan por dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores, reducir los trámites burocráticos de la gestión de la I+D+I y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+I (hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030). 

En cuanto a la atracción de talento, la norma introduce reformas en la carrera científica. La más importante es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación y que facilitará consolidar una plaza permanente. 

La reforma de ley también dota de nuevos derechos laborales a los investigadores e investigadoras de nuestro país, como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales. 

También se establece que los quinquenios del personal de investigación de los OPIS evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero.  

Además, el personal investigador sanitario es reconocido como personal investigador del Sistema de Ciencia. Esto obligará a las CC.AA. a incorporar categorías específicas de investigadores en las plantillas de los hospitales públicos y a las administraciones públicas, incorporar de forma estable investigadores al sistema nacional de salud. 

Por otra parte, el personal técnico adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. La norma también reconoce y retribuye por primera vez la figura de tecnólogo o tecnóloga en el Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Transferencia del conocimiento e igualdad de género 

Otro de los ejes del anteproyecto está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. 

La reforma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento creando nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas. 

Una nueva normativa que también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten también en este ámbito. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género que repercutirá en que los agentes públicos dispongan y evalúen de forma anual, un plan de igualdad. 

Se prevé, en este sentido, la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, la necesidad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar al personal de forma equitativa en los diferentes proyectos. 

Por último, la reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la seguridad nacional, con el objetivo de dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales del sector y unificar la colaboración y coordinación internacional, según destaca el Ministerio de Ciencia e Innovación.